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Guadalajara–El Comisionado federal para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, anunció ayer la apertura de mesas de trabajo para abordar la crisis generada por las restituciones territoriales en Huajimic a favor de la comunidad wixárika de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), con la pretensión de generar recursos para lograr una conciliación con los ganaderos posesionarios, que diluya las posibilidades de violencia.

Esto lo informó el funcionario en conversación telefónica con el abogado de la comunidad, Carlos González García, mientras desde Tepic salían noticias desfavorables para los derechos de sus defendidos, pues el magistrado del Tribunal Unitario Agrario 56, Aldo Saúl Muñoz López, decidió diferir, haciendo caso a “leguleyadas” de los representantes de los ganaderos, hasta el mes de enero de 2018, la determinación para siete nuevas ejecuciones de predios que suman alrededor de 300 hectáreas más. El argumento: tres de los siete posesionarios afectados no habían sido notificados, y los otros tenían nuevo abogado, y por ende, se acogían a la Ley Agraria para que se les diera tiempo de estudiar el caso y no dejar en indefensión a sus clientes.

Contra esa interpretación protestó González García, pues dijo que la ley si prevé esa garantía, pero no en una vez que la sentencia ha sido emitida y ha causado estado. Es decir, es irrevocable en sus efectos. Consideró la decisión como lamentable para la causa indígena.

Lo que no se podrá detener es la ejecución de la sentencia del juicio 1472/2012, que entrega el potrero de 63-72-75 hectáreas en posesión de Erlinda Montoya Ultreras, a los comuneros. Está fijada la diligencia para el 20 de octubre próximo, tras el fracaso en aplicarla el pasado 22 de septiembre, en que un bloqueo de caminos por los ganaderos lo impidió (MILENIO JALISCO, 23 de septiembre de 2017).

“Nos reunimos con el gobierno del estado de Jalisco, con el subsecretario de gobierno, con el secretario de Desarrollo e Integración Social, con el de Desarrollo Rural, con el fiscal y con varias autoridades, hace dos días, y se supone que van a tender en la parte que les toca; nosotros les pedimos que lleguen a los acuerdos que sean necesarios con sus pares del gobierno de Nayarit y con la federación, para que se coordinen y se vea el modo de trasladar al magistrado de un modo seguro.

– ¿No se ha decidido si se le traslada por aire?
– Nosotros lo solicitamos, dijeron que iban a explorar las posibilidades, dentro de este asunto de las jurisdicciones y territorios. Yo le dije que si había voluntad política iban a buscar el modo de acordar trasladar al magistrado, porque finalmente Nayarit y Jalisco están en México […] le puede pedir permiso Jalisco a Nayarit, puede ser en un helicóptero, o el mismo Nayarit lo puede proporcionar, o la federación establecer un acuerdo de coordinación, hay multitud de esquemas si les interesa resolver.

También ha habido un acercamiento de autoridades nayaritas. “En las audiencias se me acercó un funcionario del gobierno de Nayarit, y me manifestó que ellos estaban en la mejor disposición de que se cumpla con los fallos en la ejecución de la sentencia, es decir, de palabra todos dicen tener voluntad…”.

Jaime Martínez Veloz le dijo al abogado que ya ha hecho contacto con el diputado nayarita Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, y que van a armar una mesa con todos los legisladores, y con las instancias de los tres niveles de gobierno involucradas. La idea es generar también recursos para que el programa Conflictos Sociales en Medio Rural (Cosomer) entre a la zona y plantee indemnizaciones a los posesionarios, para conjurar la violencia. Espera noticias de ello entre el 16 y 18 de octubre.

Este artículo fue publicado originalmente en Milenio. Se ha vuelto a publicar con permiso.