Presa en Panamá causa la muerte masiva de peces, devasta las comunidades ribereñas

Investigación interna de la ONU revela incumplimiento de las pautas sociales y ambientales en el caso Barro Blanco
 

 An English version of this article is available here El Río Tabasará, uno de los más grandes de Panamá y la fuente de vida para el pueblo indígena Ngäbe-Buglé, fue vaciado para realizar trabajos de mantenimiento en la Represa Hidroeléctrica Barro Blanco la semana pasada, dejando miles y miles de las más de 30 variedades de peces y crustáceos para perecer en el lodo.

Ricardo Miranda, coordinador general del Movimiento 10 de Abril que representa a las comunidades afectadas, parado en el barro y escombros justo en las aguas arriba de la represa, recogió un bagre de medio metro de largo, sosteniéndolo en alto para la cámara.

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“Quisiera aprovechar para denunciar la Generadora del Istmo SA (GENISA), el dueño del Proyecto Barro Blanco,” dijo a un camarógrafo local que lo subió a YouTube. “También denuncio al Banco FMO de Holanda y al Banco DEG de Alemania, por financiar un proyecto como este, que ha causado daños irreversibles al ambiente.”

Los informes iniciales de la muerte de peces y las fotos que fueron enviadas la semana pasada desde la comunidad Ngäbe de Kiad fueron señaladas inicialmente como falsas, dijo Miranda en una entrevista telefónica el jueves.

El Ministerio de Medio Ambiente de Panamá, MiAmbiente, envió personal para investigar la muerte de peces el domingo 13 de mayo. La agencia confirmó en un comunicado de prensa que había ocurrido una mortandad de peces y que la empresa había informado sobre la necesidad de bajar el nivel del agua para trabajos de mantenimiento.

Los inspectores de MiAmbiente ven la devastación, aparentemente desde la plataforma de la presa. (Ministerio de Medio Ambiente)

Miranda, quien creció en el Río Tabasará junto con su familia, ahora vive al otro lado del distrito Ngäbe-Buglé, pero se fue al río apenas escuchó las noticias. A su llegada encontró miles de peces muriendo en el sol. Coyotes comían los peces moribundos y una persona recogía algunos para llevar. El río había sido virtualmente vaciado, dejando a la población ribereña expuesta en una vasta extensión de lodo, según Miranda, quien observó solo unos cuantos charcos de agua con barro espeso justo encima de la presa.

MiAmbiente prometió en su comunicado de prensa el lunes que “se mantendrá la vigilancia al sitio con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa que aplica para estos eventos y que se hayan tomado las acciones que garantizan el normal desenvolvimiento de los recursos naturales en la zona.”

Cinco comunidades Ngäbe-Buglé viven a lo largo del río y han luchado constantemente contra la represa desde que se propuso por primera vez. Cuando el río se inundó, destruyó su bosque de alimentos y los cultivos de cacao y café de los que dependían para su sustento. Nubes gruesas de mosquitos, antes desconocidas en el área, se volvieron comunes. La pesca se volvió mucho más difícil, pero aún era posible. Ahora, con la mortandad de peces, se quedan sin fuente de proteína, dijo Miranda. Además, el río, del que también dependen para el agua, está rodeado por 18 hectáreas de barro profundo, y llegar al río para cruzar al pueblo más cercano se ha convertido en una situación casi imposible.

Los residentes de la comunidad Ngäbe de Kiad observan a los peces que mueren en el río frente a sus hogares. El acceso al río se ha convertido en un calvario cotidiano para la comunidad, que debe cruzarlo para salir de su aldea. (Foto: Movimiento 10 Abril)

El gobierno ofreció pagar a las comunidades para reubicarse, pero la comunidad de Kiad en particular se ha negado a aceptar — por una parte por sus principios, pero por otra parte debido a que el área adyacente y la comunidad misma es un sitio sagrado, que alberga varias colecciones de petroglifos prehistóricos que han sido el sitio de reuniones ceremoniales donde el pueblo Ngäbe-Buglé se ha conectado tradicionalmente con sus antepasados.

“Obviamente cuando uno ve esta situación, se siente una impotencia muy grande porque todo esto es lo que nosotros advertimos”, dijo Miranda, consternado. “Entonces cuando entramos y vemos todo un desastre ecológico a merced de la presencia del gobierno y una empresa que su único interés es lucrar, causando daños irreversibles y muerte, tanto a animales como a personas, porque aquí está atentando contra de la alimentación de los mismos pobladores de las comunidades que viven de esto.”

La líder Ngäbe, Weni Bagama, observa el daño a su comunidad de Kiad y sus alrededores por las inundaciones causadas por la presa Barro Blanco en febrero de 2017. (Foto: Tracy L. Barnett)

El vaciado del río ocurrió en los días finales del período de comentarios públicos para el borrador del informe de la Unidad de Cumplimiento Ambiental y Social (SECU, por sus siglas en inglés) establecido para monitorear las actividades relacionadas con el PNUD. Los investigadores concluyeron que el PNUD violó sus propios protocolos en el proceso de diálogo que tuvo como objetivo desactivar el conflicto que rodeaba a la presa Barro Blanco. Los proyectos (principalmente una serie de mesas redondas celebradas en 2015 y 2016 y un programa destinado a apoyar las reformas dentro de la principal agencia gubernamental a cargo del proyecto Barro Blanco) fueron financiados a un costo de más de $ 66 millones de dólares.

El informe fue una respuesta a la denuncia formal presentada el 22 de agosto de 2017 por el Movimiento 10 de Abril, que representa a las comunidades afectadas por el proyecto. Se emitirá un informe final al recibir y analizar los comentarios públicos.

Los residentes de la comunidad afectada de Kiad, una de las cinco comunidades indígenas de Ngäbe Buglé inundadas por la presa, revisaron el informe en sus teléfonos móviles desde la lodosa orilla de su sagrado río Tabasará. Desde que las compuertas se cerraron hace más de un año y destruyeron la base agrícola de la comunidad y muchos hogares, los residentes han tenido grandes problemas para sustentar la vida.

“Ya hemos leído el informe y, en términos generales, estamos de acuerdo”, dijo una de los líderes del Movimiento 10 de Abril, Adelaida Miranda (Weni Bagama, por su nombre Ngäbe). “El informe hace análisis totalmente en cómo fueron los procesos, e investigaron. Ese informe no solamente es un informe de oficina sino que esas gentes vinieron al área e hicieron entrevistas, vieron la situación del embalse y entonces ellos emitieron eso en el informe. Estamos conformes, claro que esto no soluciona todo, pero al menos estamos de acuerdo donde la SECU admite que las Naciones Unidas no cumplió el papel que tenía que jugar.”

Los resultados del borrador del informe de SECU incluyeron lo siguiente:

• La Oficina de País del PNUD en Panamá no aplicó los procedimientos requeridos de evaluación ambiental y social a los proyectos en cuestión.
• El PNUD no preparó un análisis de interesados y un plan de participación antes de la mesa de dialogo, como se requiere para los compromisos del PNUD con los Pueblos Indígenas – compromisos que presentan riesgos moderados (y probablemente significativos) para las comunidades.
• El PNUD no cumplió con los requisitos de debida diligencia, transparencia, consulta / consentimiento y derechos de los pueblos indígenas después de que el Diálogo de Mesa Redonda concluyera alrededor de junio de 2015. El PNUD, por ejemplo, no aseguró la coherencia con las advertencias y conclusiones del Relator Especial de la ONU. incluyendo advertencias de que procesos inadecuados de consulta y consentimiento fueron la fuente de la mayoría de los problemas relacionados con el respeto y la protección de los derechos indígenas, y las medidas necesarias para garantizar el respeto de esos derechos.

El Dr. Donaldo Sousa, presidente de la Asociación por los Derechos Ambientales en la ciudad de Panamá, dijo que el borrador del informe parece validar la demanda presentada por su asociación en 2016, contra todos los implicados en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, incluida la empresa, funcionarios gubernamentales y no gubernamentales como el PNUD, que fue la primera y única demanda penal contra un proyecto de presa hidroeléctrica en Panamá hasta la fecha.

“Este informe demuestra claramente que esta denuncia que nosotros introducimos tenía fundamento y debió haber sido suspendido este proyecto como medida precautoria por el daño que iba a causar, y no lo hicieron. El problema era que tenía el apoyo de organismos internacionales tan importantes como el PNUD, es lógico que se tiene un elemento que ha sido determinante en todo este caso; pero también ha sido determinante la corrupción e impunidad que existe en este caso. Y los intereses económicos que se han antepuesto una vez más, destruyendo el medioambiente y sobre todo impactando de una manera violenta a las comunidades que ahí viven.”

Para Weni Bagama y su familia, cada día se ha convertido en una odisea, pero no tienen ninguna intención de darse por vencidos.

“Nosotros seguimos haciendo la lucha,” dijo Bagama. “A las Naciones Unidos le pedimos una disculpa y también lo pedimos a la autoridad nacional que deben cancelar ese proyecto, porque ahorita mismo andamos por aquí viendo el desastre que ha causado el vaciado…. Nosotros no hemos renunciado a la cancelación de ese proyecto. Nosotros seguimos adelante en la lucha, porque la lucha no ha terminado.”

La líder Ngäbe Weni Bagama (derecha) estuvo entre los arrestados durante las protestas de la presa Barro Blanco. (Foto: Oscar Sogandares)