Todos los pueblos Maya Quiché conocen el significado de Nim Ajpu. Es un nahual, o espíritu, que nos acompaña y nos protege según la cosmovisión maya. Nim Ajpu era el hermano gemelo de Ixb´alamkej y juntos derrotaron a los dioses de la negatividad y de la muerte mientras corrían numerosas aventuras que cambiaron para siempre el significado de la existencia. La historia acerca de estos dos héroes fue contada al detalle en el famoso texto Popol Vuh que cuenta los orígenes, las cosmologías y las filosofías de los mayas quichés.
Nim Ajpu es también el nombre de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas en Guatemala. La asociación apoya los derechos individuales y colectivos de los pueblos Indígenas a través de litigaciones estratégicas. Ya que los mayas representan más del 60 por ciento de la población – que ha sido y es ampliamente discriminada por las instituciones de gobierno – Nim Ajpu no tiene capacidad para defender todos los casos mayas en los juzgados, por ello la asociación elige llevar adelante casos estratégicos que puedan ayudar a sentar un precedente jurídico. Sus objetivos son conseguir ganar en derechos para los pueblos indígenas en el sistema legal y político, llevando los casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando las sentencias repiten patrones racistas.
Defensa jurídica con conciencia maya
En 2004, un grupo de unos 20 abogados mayas se reunieron para discutir como defender las comunidades indígenas, conscientes de lo que implicaba abogar desde la experiencia indígena en el sistema judicial del estado. Movidos por el entusiasmo de Amilcar Pop, el primer político maya en el Congreso de Guatemala, imaginaron una organización legal relacionada con las comunidades mayas y fundaron Nim Ajpu.
La organización se fue expandiendo en número de socios y estrategias, y cuenta ahora con más de cien miembros, con consejos y una directiva. El grupo de socios está formado por una enorme diversidad de profesionales, desde abogados hasta jueces, pasando por fiscales y notarios, la mayoría de los abogados han apoyado solamente casos de la asociación ocasionalmente.
El corazón de la maquinaria de Nim Ajpu son cinco abogados que trabajan a tiempo completo y que lideran las estrategias de litigación: Juan Castro, Cristian Otzin, Edgar de León, Mellina Salvador, y Claudia Chopen. Estos son respaldados por un pequeño equipo administrativo de ocho personas en una oficina de la capital. Hay más abogados que están afiliados y provienen de diferentes naciones indígenas de Guatemala y que contribuyen de forma voluntaria como: Rosa Ixcol (maya quiché) e Ixquik Poz (maya licue)
Abogadas Angelina Aspuac, Mellina Salvador, y Rosa Ixcol con Manuela Picq
Además de litigar, Nim Ajpu trabaja también en la incidencia política, la investigación y la capacitación profesional. Los abogados mayas cuestionan las leyes nuevas presentadas en el Congreso y discuten las políticas en diferentes medios de comunicación. Juegan un papel crucial en la formación de ideas, ya sea por medio de la oposición a los intentos del gobierno de regular la consulta previa (2012) o de aprobar leyes que privatizan las semillas de maíz (2015). Forman jueces en el pluralismo jurídico, familiarizándolos con conceptos indígenas de derecho y justicia. Enseñan derecho a estudiantes universitarios, incluyendo la Universidad Maya. Y cada diciembre, Nim Ajpu organiza un congreso de dos días que reúne a unos 70 abogados indígenas para hacer una puesta en común de sus ideas sobre los desafíos del momentos.
Casos emblemáticos
La mayoría de los casos abordan la autodeterminación, ya sea para recuperar tierras robadas por el estado o para establecer la autoridad de los sistemas de justicia indígenas. Docenas de casos ya han creado importantes precedentes para los Pueblos Indígenas en Guatemala.
Por ejemplo, una victoria importante en 2004 estableció la autonomía de la Justicia Indígena en el Tribunal Supremo. Los abogados mayas defendieron a Juan Zapeta, una autoridad maya acusada de administrar justicia en Santa Cruz de Quiché. Fue uno de los primeros casos en que los tribunales de Guatemala reconocieron el derecho de las comunidades mayas a ejercer sus propias formas de justicia.
En 2010, los abogados mayas recuperaron tierras comunales ilegítimamente apropiadas por el estado. Este había concedido tierras indígenas a las compañías telefónicas durante el conflicto armado de 1973, en un acto que ignoraba la existencia previa de un municipio indígena. La recuperación de la tierra en el caso de Chichicastenango sentó un precedente importante en el reconocimiento de formas indígenas de gobierno y sus mecanismos de acreditación.
Ese mismo año, los abogados mayas sentaron un precedente en favor de los derechos de consulta previa. Cuando el alcalde de San Juan de Sacatepéquez canceló una consulta sobre la construcción de una cementera, se generaron protestas seguidas de la militarización de la zona. Los abogados mayas llevaron el caso para empujar a los tribunales a dictar la primera sentencia sobre los derechos indígenas a una consulta previa, libre e informada y a declarar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como parte del corpus constitucional.
Más recientemente, los abogados mayas defendieron a autoridades ancestrales criminalizadas por defender los ríos contra las industrias extractivas. Las empresas privadas, muchas de ellas hidroeléctricas, sobornan a jueces corruptos y acusan a los líderes comunitarios de crímenes fabricados para mantenerlos tras las rejas sin el debido proceso. La utilización de la guerra legal mantuvo a las autoridades mayas en prisión preventiva durante meses o incluso años, y estos casos sumamente políticos fueron llevados por los abogados mayas.
En 2015, un equipo de abogados mayas puso en libertad a autoridades ancestrales acusadas de un crimen que no cometieron en Santa Cruz Barrias, cerca de la frontera con Chiapas. En julio de 2016, liberaron a 7 presos políticos acusados de delitos fabricados, entre ellos Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. Ese mismo mes, los abogados mayas llevaron la defensa de Oscar Sánchez, la undécima autoridad de una comunidad Maya Mam condenado sin pruebas a prisión preventiva en Quetzaltenango.
Juan Castro habla con Rigoberto Juarez antes de una audiencia.
Añadidos a los anteriores, dos casos emblemáticos ya han establecido precedentes este año. Uno de ellos garantiza la educación bilingüe, ya que los tribunales reconocieron el derecho de las comunidades mayas a recibir educación en sus propios idiomas. El otro fue una dura batalla por un caso de violación que había sido juzgado y condenado por la justicia indígena. Las organizaciones feministas se unieron a los sectores de la derecha para impugnar la capacidad de las autoridades mayas. En última instancia, el Tribunal Constitucional, que está por encima del Tribunal Supremo, reconoció la autoridad de la justicia indígena.
Entre otros muchos casos, Nim Ajpu está actualmente involucrado en el esfuerzo actual para reescribir la constitución que proviene de la guerra civil de Guatemala para agregar conceptos de autodeterminación y un lenguaje explícito que defina a Guatemala como un estado plurinacional.
Los abogados mayas han sido reconocidos u odiados dependiendo del contexto y la perspectiva. Las empresas privadas e incluso el presidente de Guatemala menospreciaron a abogados como Amilcar Pop tachándolos de terroristas que arman a las comunidades mayas, especialmente cuando defienden los derechos indígenas a la consulta previa contra las industrias extractivas. En general, sin embargo, los abogados mayas se han convertido en un referente en Guatemala. Las comunidades los consideran sus abogados. Nim Ajpu es en este momento la entidad que adopta una postura en favor de los derechos colectivos en Guatemala; y tanto el gobierno como la sociedad están expectantes ante su opinión cuando se propone nueva legislación.
Litigios decoloniales
Una de las mayores fortalezas de Nim Ajpu radica en su funcionamiento. En primer lugar, no cobran honorarios. Todo el apoyo legal se proporciona de forma gratuita, ad honorem. Las comunidades no pagan por los servicios legales, aunque pueden ofrecer comida a los abogados cuando se movilizan a sus territorios. Los abogados no son pagados por el caso o por horas, simplemente reciben algún tipo de reconocimiento por su trabajo que depende de las donaciones de organizaciones internacionales, como el pequeño financiamiento proporcionado por la Asociación de Abogados de Noruega.
Juan Castro habla durante un Consejo de Autoridades Ancestrales en Sololá.
En segundo lugar, las autoridades mayas son las que presentan los casos, y los abogados mayas prestan apoyo legal a las autoridades ancestrales. Esto implica relaciones a largo plazo más allá del momento del litigio. Los diversos abogados mayas acompañan a las autoridades ancestrales en sus prácticas de gobierno autónomo y administración de justicia.
Nim Ajpu tiene relación con una amplia variedad de contactos con organizaciones mayas como por ejemplo el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales de Iximulew, habiendo prestado apoyo a su consolidación política. Algunos son desde hace tiempo reconocidos como municipios indígenas ya que han existido en los registros oficiales desde la época colonial. Chichicastenango, que consta de 83 comunidades indígenas, cada una con sus autoridades políticas autónomas, ya defendió su autonomía de la Corona española en 1635. El municipio de Sololá (71 comunidades) tenía alcaldes indígenas inscritos en registros coloniales desde 1557. La duradera autoridad de los 48 Cantones (48 comunidades) sigue siendo reconocida hoy en día hasta en los discursos presidenciales.
Sin embargo, otras organizaciones son menos conocidas y su invisibilidad las hace vulnerables a entidades estatales deseosas de apropiarse de sus tierras. En tales casos, los abogados mayas desempeñan un papel clave en la consolidación de la autoridad indígena, principalmente entre las redes de contactos de las autoridades mayas, y secundariamente a través de los títulos de propiedad colectiva. Las comunidades mayas no son asociaciones civiles autorizadas por los órganos estatales: están acreditadas bajo los mecanismos ancestrales mayas sin tener que pedir permiso a los órganos estatales.
En tercer lugar, los abogados mayas intentan romper con la lógica del sistema estatal occidental. Tratan de descolonizarse escapando de la lógica de la ley estatal, prestando atención a la lucha de las comunidades mayas, escuchando más que diciendo. Su litigio es una lucha estratégica contra un sistema legal que se postula como autoridad soberana. No defienden “clientes” sino que están al lado de sus hermanos y hermanas. Muchos abogados indígenas de todo el mundo buscan descolonizarse a sí mismos y la ley. La singularidad de Nim Ajpu es haber llevado este esfuerzo a un nivel institucional.
Los académicos también se unen al compromiso político, histórico y cultural de Nim Ajpu. La abogada Mellina Salvador afirma que historiadores, lingüistas y antropólogos como Gladys Tzul Tzul canalizan su conocimiento a través de informes de expertos, sintiéndose parte de la asociación. Los litigios mayas llegan mucho más allá de la ley, involucrando ideas eruditas para lograr la contextualización histórica.
La esencia de Nim Ajpu se resume mejor en estas palabras del abogado Juan Castro: “Nuestra identidad maya es una identidad política, defendemos nuestros territorios, hablamos nuestras lenguas indígenas y entendemos la cosmovisión maya”. Un abogado maya es una identidad política que desafía a las legalidades convencionales y redefine silenciosamente la autoridad estatal.
