Reunión en Panamá sobre derechos humanos y problemas ambientales siembra esperanza y decepción

por  traducido por Angélica Almazán translated by Angélica Almazánabril 14, 2017
 

 An English version of this article is available here Una versión anterior de esta historia puede encontrarse en Global Sisters Report.

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá – El nivel del agua estaba subiendo de nuevo en la comunidad de Weni Bagama cuando ella se dirigió a la Ciudad de Panamá para reunirse con funcionarios del gobierno acerca de la inundación de la presa hidroeléctrica de Barro Blanco.

Bagama fue una de las 10 personas programadas para hablar el 4 de abril en la primera de una serie de reuniones sobre el problema de las violaciones a los derechos humanos en contra de los defensores ambientales a través del país. Las reuniones fueron solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia sobre el asunto el mes pasado en Washington, D.C. Actualmente hay más de 90 casos documentados de Derechos Humanos relacionados con problemas ambientales en Panamá, de acuerdo con el Ministerio Ambiental.

Mientras tanto, la monja de Maryknoll, la hermana Melinda Roper, viajó a la reunión desde el lado opuesto de Panamá, la provincia de Darién, para asistir a la misma reunión del 4 de abril. Ella era otra de las 10 personas agendadas para hablar.

Roper, cuyo extenso trabajo en Panamá incluye la participación en un grupo ambientalista local llamado Alianza para un Mejor Darién, estaba ahí para hablar sobre la falta de respuesta del gobierno respecto a las continuas amenazas a la periodista Ligia Arreaga, quien fue forzada a abandonar el país debido a sus denuncias acerca de la destrucción del humedal de Matusaragatí.

Más inundaciones en el territorio Ngäbe

La lucha de casi dos décadas para detener Barro Blanco ha ocasionado violentos conflictos con los pueblos Ngäbe-Buglé y ha generado la reprobación de los defensores internacionales de los derechos humanos y el medio ambiente como un ejemplo del mal uso de los programas de compensación de carbono. A pesar de todo esto, la represa fue construida de todos modos y el año pasado comenzó una “inundación de prueba” que sumergió partes de tres aldeas.

Bagama, una líder de su nativa tribu Ngäbe y del movimiento de resistencia en contra de la represa, continúa luchando para salvar las aldeas y al Río Tabasará, el cual es sagrado para los Ngäbe. Viajó a Washington D.C para la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) el 17 de marzo, donde confiaba en el hecho de que la comisión internacional solicitase al gobierno panameño a sostener un diálogo con los manifestantes. Bagama asistió a la primera reunión de seguimiento el 4 de abril con altas expectativas.

Después, sin embargo, la líder expresó su frustración ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios de gobierno a sus preguntas directas. Antes, el 27 de marzo, algunos de estos funcionarios, incluido el viceministro Salvador Sánchez, habían viajado a su comunidad en Kiad para comenzar charlas con las tres comunidades afectadas.

Se reunieron, pero las pláticas parecieron haber alcanzado un impasse, ya que los residentes pedían dos condiciones para poder continuar. En primer lugar, los niveles del embalse debían ser reducidos por debajo de los límites del territorio autónomo (comarca) para permitir una investigación arqueológica profesional de los petroglifos que habían sido sumergidos. Los petroglifos son su centro ceremonial más importante y representan una conexión con sus ancestros.

En segundo lugar, repitieron su solicitud a los representantes de los bancos de desarrollo Holandés y Alemán, FMO y DEG, que financiaron el proyecto, para que visitasen las comunidades Ngäbe afectadas por el embalse. Bagama dice que espera que la presencia de los bancos de inversión contribuya a una solución viable. Pero para el 31 de marzo, inesperadamente las aguas del río comenzaron a subir de nuevo.

En la reunión del 4 de abril, “Yo les dije ‘¿Cómo podemos tener una garantía que esta conversación, este acercamiento,  que habrá un cumplimiento, un respeto — cuando ni siquiera han concretado nada y de nuevo están llenando el embalse?’ Y todos en la mesa tomaron nota y no dijeron nada. ”

A Bagama se le dijo que el asunto de Barro Blanco sería tratado en un proceso aparte. Ella preguntó cuándo tendría lugar la próxima reunión y aún no ha recibido una respuesta.

Mónica De León, directora de comunicación para la oficina gubernamental de Relaciones Exteriores, envió una respuesta institucional a las preguntas de esta reportera vía email: “El Gobierno de la República de Panamá mantiene conversaciones con los representantes de las comunidades impactadas por el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, de cara a impulsar acciones que atiendan las incompatibilidades identificadas en la mesa del diálogo.”

Ella se refirió a la reunión del 27 de marzo en Kiad “para consensuar opciones en lo que respecta a espacios y puntos de veneración cultural de comunidades impactadas por el proyecto y el seguimiento  a monitoreo de estudios de calidad del agua.   Cabe señalar que la hidroeléctrica no ha entrado en operaciones, está por terminar el periodo de pruebas y el agua se mantiene en la cota más baja.

Durante los meses que duró el “periodo de pruebas” para llenar el embalse, la comunidad perdió su ancestral bosque comestible, y la mayoría de los peces y camarones de su río, los antiguos petroglifos que son un importante centro ceremonial, sus senderos a otras comunidades y numerosos hogares. En los últimos meses las aguas han bajado debido a que están en temporada de sequía, la temporada de lluvia aún no ha comenzado, por lo que el aumento en el nivel del agua fue sorpresivo.

Weni Bagama, representante del Congreso Ngäbe-Buglé y líder en la lucha contra Barro Blanco, en camino a una junta en la capital de la comarca, Llano Tugri. (Tracy L. Barnett)

Barro Blanco estuvo en los encabezados el año pasado cuando se convirtió en el primer proyecto de desarrollo en ser retirado del registro del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, haciendo que la presa ya no fuera elegible para compensar bonos de carbono. El Mecanismo de Desarrollo Limpio pretende fomentar el desarrollo sustentable en los países en vías de desarrollo, pero los críticos de la presa argumentaron que ésta no tenía nada de sustentable. Además del hecho de que podría desalojar a más de 500 personas y a un centro cultural en la comarca, el proyecto dañaría un rico ecosistema en el río y un importante centro ceremonial y arqueológico.

El trabajo ha continuado aceleradamente en la represa a pesar de la presión internacional y de las continuas protestas masivas por parte del pueblo Ngäbe, en las cuales varias personas murieron y muchos más fueron gravemente heridos en las confrontaciones con la policía. Ahora la presa está terminada y grandes partes de las comunidades están inundadas. Ellos temen más pérdidas en la inminente temporada de lluvias, y si la presa llega a estar plenamente en funcionamiento.

No hubo respuesta por parte del gobierno respecto a la petición de una visita por parte de los bancos.

Paul Hartogsveld,responsable de prensa del Dutch Development Bank FMO (Banco de Desarrollo Holandés) escribió a esta reportera: “FMO continúa enfatizando en la necesidad de diálogo y consentimiento entre todas las partes involucradas. Respetamos el proceso y estamos esperando por el resultado. No se prevén otras medidas puesto que eso podría interferir con las negociaciones entre el gobierno y los representantes indígenas.”

Un humedal destruido

Si bien el gobierno ha dejado de lado como área protegida 26,000 hectáreas del humedal de aproximadamente 68,000 hectárea – el más importante del país- una serie de irregularidades siguen afectando a la región, incluyendo apropiaciones masivas de terreno para cultivos industriales de arroz y aceite de palma.

La periodista Ligia Arreaga en el humedal Matusaragatí. Arreaga tuvo que escapar del país el año pasado después de que su vida fue amenazada por su denuncia y activismo acerca de la destrucción del humedal. (Cortesía de Ligia Arreaga)

Se han construido canales ilegales que están vaciando el humedal, y el corazón de la laguna está comenzando a secarse; 6,000 hectáreas que pertenecen a la reserva han sido vendidas ilegalmente a particulares, de acuerdo con una demanda en curso en el ministerio ambiental.

Roper considera una buena señal la fuerte participación en la reunión por parte de altos mandatarios de varias agencias gubernamentales, así como del alto comisionado en derechos humanos de la ONU.

“Mi impresión fue de que la atmósfera era de transparencia y apertura por parte de casi todos los presentes para continuar con el proceso de diálogo, para crear un espacio quizá una vez al mes para que continúen las conversaciones — comprendiendo que hay muchos, muchos problemas en Panamá en cuanto a violaciones a los derechos humanos, especialmente en relación con los asuntos ambientales,” dijo Roper.

“Desde luego es la clase de reunión donde puedes hacer sugerencias y puedes establecer contexto y diálogo. No es una junta resolutiva en el sentido de que vayan a tomar decisiones para resolver un problema específico, pero creo que podría trabajar en ese sentido.”

Otro caso presentado en la reunión del 4 de abril que sigue deteriorándose, dice Osvaldo Jordán, director ejecutivo de la organización panameña sin fines de lucro Alianza para la Conservación y el Desarrollo, es el desarrollo en la Isla Pedro González, donde los residentes de ascendencia africana dicen que las fuerzas policiales les han arrestado arbitrariamente por oponerse a un proyecto turístico de inversión extranjera en las tierras que ellos y sus ancestros han habitado desde hace 300 años.

A pesar de la decepción de que Barro Blanco no fue abordado, los asistentes coincidieron en que la junta fue un inicio positivo para un nuevo foro para solucionar las violaciones a los derechos humanos en contra de defensores ambientales.

“Creo que fue positivo en el sentido de que permitió que hubiera un diálogo,” dijo Jordán. “Estos son grupos que eran fuertemente oprimidos, y sus casos eran ignorados. Así que el sólo hecho de hacer estos casos visibles y llevarlos a este nivel de conocimiento público es un paso adelante. Desafortunadamente no se obtuvieron respuestas claras, y el peligro es que esto se vuelva sólo una catarsis – un espacio para que la gente ventile sus frustraciones sin obtener ninguna solución. Así que debemos luchar para que eso no suceda.”

Farah Urrutia, Directora del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió a las preguntas de esta reportera a través de un email, con respecto a los logros de la reunión: la presencia de funcionarios de alto nivel de varios departamentos del gobierno, así como de la Oficina de Defensoría del Pueblo, y un acuerdo para dar seguimiento con visitas de campo a las zonas problema y organizando reuniones mensuales con los defensores ambientales.

Finalmente, creemos que el clima de la mesa es propicio para valorar la posible presentación de un proyecto de ley que pueda proteger a estos grupos,” añadió.

Jordán concuerda. “Pienso que la reunión presentó un sentido positivo, en particular la propuesta de la Oficina de Defensoría para coordinar con la ONU tratando de obtener una ley que proteja a los defensores ambientales en Panamá,” dijo él.

Mientras tanto, Bagama tiene la esperanza de recibir pronto una llamada telefónica para que los diálogos con el gobierno puedan continuar. Sin embargo aclaró – como lo hizo en la reunión del 4 de abril – que desde su perspectiva, hasta ahora no ha habido un diálogo formal entre las comunidades y el gobierno, y no habrá diálogo hasta que sus peticiones se cumplan.

“Si el gobierno quiere una conversación con la comunidad afectada, debe detener el llenado de nuevo,” dijo. “Si no detienen el llenado no hay ninguna conversación. Eso es lo que va a pasar y lo que yo tampoco quisiera que lo pasa — pero lamentable eso es lo que va a suceder si el gobierno no manda a detener el llenado. Ellos argumentan que no se puede pero yo pregunto, ¿Quién manda a quién? ¿El gobierno o las empresas? ¿Quién defiende el derecho? Eso es lo que se refleja.”

[Tracy L. Barnett es una escritora, editora y fotógrafa independiente, especialista en asuntos ambientales, derechos indígenas y viaje sustentable.]

Una versión previa de esta nota aparece en Global Sisters Report.