Restaurar La Propiedad De La Tierra A Los Pueblos Indígenas Para Combatir El Cambio Climático

por  traducido por Katy D´Oporto translated by Katy D´Oportonoviembre 18, 2016
 

 An English version of this article is available here Aunque los Pueblos Indígenas constituyen sólo el 5 por ciento de la población mundial, sus territorios ancestrales abarcan colectivamente el 65 por ciento de la superficie de la Tierra. Sin embargo, sólo el 10 por ciento de esa tierra está dentro de su control legal, esta discrepancia crea una brecha significativa para asegurar los derechos humanos y las necesidades políticas, sociales y económicas de los 5,000 Pueblos y Naciones Indígenas.

A pesar de su inmensa diversidad cultural y lingüística, los Pueblos Indígenas desarrollaron formas de vida similares. Al mantener una relación íntima con la tierra durante generaciones, las lenguas, los medios de subsistencia, las costumbres y las culturas se vincularon inextricablemente a esa misma tierra. Algunos se refieren a esta relación como un patrimonio bio-cultural.

¿Qué sucede cuando los Pueblos Indígenas no tienen control legal sobre sus tierras? Su modo de vida se enfrenta a una amenaza indefinida, están sometidos a mayores grados de pobreza y la tierra en sí misma es más susceptible de estar bajo el control de grandes corporaciones y gobiernos que permiten proyectos de extracción de recursos y otros esquemas de desarrollo que contaminan las vías fluviales, contribuyen a las emisiones de carbono y causan deforestación masiva (sin mencionar el desplazamiento de los pueblos que viven allí). En algunos casos, estos impactos conducen al colapso completo del ecosistema.

En marcado contraste con este panorama, los estudios demuestran que los Pueblos Indígenas son los administradores y protectores más efectivos de su territorio, que ellos ven como un socio, un proveedor y un ser vivo. Esta perspectiva acarrea resultados tangibles: en el Amazonas, por ejemplo, la tasa de deforestación es once veces menor en los bosques que son propiedad de las comunidades.

En noviembre pasado, LandMark, la “plataforma global de tierras indígenas y comunitarias”, realizó un esfuerzo pionero para colocar datos sobre tierras comunitarias y  propiedad de indígenas en un mapa. En ese mapa interactivo en línea, LandMark está revelando poco a poco qué áreas de la superficie de la Tierra son sostenidas por los Pueblos Indígenas, independientemente de que esta tierra esté o no formalmente reconocida por un estado, o si está en proceso de ser reconocida. Sus características también permiten a los usuarios conocer, del porcentaje de la superficie total de un país,  qué cantidad de tierras es poseída por los Pueblos Indígenas, así como la fuerza de sus demandas legales a tales tierras.

Estos datos presentan un marcado contraste con lo que típicamente pensamos acerca de la tierra y el territorio. La agenda internacional en lo que respecta al cambio climático, asume que los actores, las prioridades y las soluciones son efectivamente negociados e implementados abordando el tema desde la perspectiva de los Estados-Nación. Por ejemplo, los intereses se definen en función de las necesidades de un país: ¿cuáles son las necesidades de la India o cuáles son los obstáculos para la cooperación americana? Estas necesidades se escalan entonces en asuntos a nivel macro que refuerzan la mentalidad del Estado-Nación: por lo que el enfoque europeo del cambio climático podría implicar un conjunto de acciones dadas, mientras que los miembros vulnerables de los países del sur (el sur global) tienen necesidades diferentes. Este tipo de retórica no sólo refuerza la idea del Estado-Nación, sino que también refuerza las propias necesidades del Estado-Nación, que son casi siempre de naturaleza económica. El “sur global” no es sólo un término geográfico; lleva inherente la connotación de que este grupo de países está menos desarrollado económicamente, haciendo que sus necesidades a nivel de política internacional sean “diferentes” a las de los países que ya están industrializados y, por lo tanto, más económicamente empoderados para hacer reducciones en las emisiones de carbono. Al dividir las necesidades, los intereses, los actores y los objetivos de política en este sentido, la comunidad mundial deja poco espacio para que los actores no-estatales puedan defender efectivamente intereses no económicos, incluidos los intereses en la mitigación y reversión del cambio climático. Esta línea de pensamiento también asume que las necesidades de los Pueblos Indígenas están suficientemente representadas por los Estados-Nación, o ignora el hecho de que no lo son. Este sistema de formulación de políticas internacionales priva a los Pueblos Indígenas de una variedad de ámbitos políticos, pero especialmente en materia de cambio climático. Los actores de estado  internacionales discuten el cambio climático en términos de reducciones en el desarrollo económico, devastación ambiental y manejo de desastres, que están vinculados a los costos financieros. Los pueblos indígenas están igualmente preocupados por la devastación ambiental y la gestión de desastres, pero estos problemas son parte de un problema más amplio en el que sus formas de vida están amenazadas. Los conocimientos tradicionales y los modos de vida no pueden ser recuperados en otra área geográfica, y ciertamente tampoco a través de otras fortalezas del mercado económico global. Tampoco pueden asegurarse con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (SDG).

Mapa LandMark: Porcentaje nacional de tierras indígenas y comunitarias reconocidas formalmente

Mapa LandMark: Porcentaje nacional de tierras indígenas y comunitarias reconocidas formalmente

El mapa LandMark nos permite entender los derechos indígenas y comunitarios a las tierras en el contexto de los límites del Estado-Nación. Al observar un mapa que indica qué porcentaje de estas tierras están adecuadamente protegidas, podemos entender mejor cómo los intereses que los políticos persiguen en el plano internacional no coinciden geográficamente con la realidad de la Tierra. Volviendo a la estadística presentada al inicio de este artículo, el 65 por ciento de la superficie terrestre de la Tierra está en manos de comunidades y naciones de Pueblos Indígenas. Dicho de otra manera, el 65% de la Tierra es indiscutiblemente inadecuada e injustamente representada por aquellos con el poder de decidir políticas que nos afectan a todos. ¿Cómo puede un país que protege sólo el 5 por ciento de las tierras indígenas pretender que representa las necesidades de esas personas? Esto es importante porque los Pueblos Indígenas son poderosos actores y defensores de la lucha contra el cambio climático. Como muestran los estudios del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute), las comunidades de todo el mundo tienen derechos oficiales o legales a un mínimo de 513 millones de hectáreas de bosques (un octavo del total mundial, lo que equivale a 37.700 millones de toneladas de carbono). Estas áreas ven una eliminación mucho más baja de los árboles y la vida vegetal que ayudan a mitigar las emisiones de carbono que otras partes del mundo. La imagen de abajo de las fronteras indígenas en Brasil ilustra la clara diferencia en la tierra que es manejada y controlada legalmente por los Pueblos Indígenas frente a la tierra que está sujeta a intereses económicos y control gubernamental.

Captura de pantalla de la video serie Life Mosaic "Territories of Life"

Captura de pantalla de la video serie Life Mosaic “Territories of Life”

Con el fin de empoderar efectivamente a los Pueblos Indígenas para que sean activos defensores del medio ambiente y aliados en la lucha contra el cambio climático, los gobiernos deben proteger sus derechos a la tierra sin otorgar concesiones de petróleo, gas y minería. Los Pueblos Indígenas necesitan tener seguros sus derechos basados en la longevidad de la comunidad; otros estudios demuestran que los derechos de concesión y títulos individuales conducen a la fragmentación de la comunidad y protegen insuficientemente a las personas y a las tierras que manejan. Pero estos esfuerzos sólo son eficaces a nivel nacional; por lo tanto, se debe hacer consciente a la comunidad internacional del poderoso impacto que los Pueblos Indígenas tienen en la mitigación del cambio climático. La comunidad internacional también necesita comprender y responder a la brecha que hay entre la negociación y la formulación de políticas: es decir, necesita evolucionar para incluir un espacio para que los Pueblos Indígenas aboguen por sus necesidades y contribuyan a las soluciones. Esto significa estructurar la formulación de políticas en términos no-nacionales y presionar a los actores no-estatales y a los miembros de la sociedad civil para que se conviertan en participantes significativos en el proceso.