Represión policial y detenciones arbitrarias en Achacachi, Bolivia

por septiembre 19, 2017
 

El domingo 17 de septiembre de 2017, la policía de Bolivia ejerció brutal represión para despejar un bloqueo instalado por el pueblo de Achacachi, en la localidad de Cucuta. Las imágenes nos muestran el uso de gases lacrimógenas, policías que pegan a mujeres y hombres indefensos en el piso, y efectivos de policías lanzando gas lacrimógeno dentro de un minibús comunitario con mujeres y niños.

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Los pobladores de Achacachi, una zona del altiplano de La Paz, bloqueaban las dos principales carreteras del sector en demanda de la renuncia del alcalde Edgar Ramos, a quien acusan de corrupción.

Al día siguiente, ayer lunes, la policía gasificó la vigilia que mujeres de Achacachi sostenían desde hace más de dos semanas en la ciudad de La Paz. En ese escenario, activistas de derechos humanos fueron detenidos y llevados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Hasta ahora se reportan 3 muertes y decenas de personas detenidas, principalmente pobladores, pero también estudiantes y una periodista. La violencia contra mujeres demuestra la mezcla de racismo y sexismo del ataque policial. Más de 30 mujeres fueron detenidas y agredidas brutalmente por la policía.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, calificó la intervención policial como “abusiva, neoliberal, y totalmente dictatorial”. Mitma responsabiliza al gobierno de los conflictos que puedan ocurrir en los próximos días tras la represión de Achacachi.

Una brutal represión que encarcela hasta testigos

La represión policial resultó en la detención arbitraria y agresión de decenas de personas. Los pobladores hicieron un llamado urgente a la intervención de organizaciones de Derechos Humanos. Dicen tener compañeros lesionados de gravedad y desaparecidos – uno de ellos con aparente lesión en la columna de 47 años de edad José Condori Cama, el otro Cristóbal Choque Sangalli, de 38 años, con lesiones en rostro y cuerpo.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) reportó que la policía llevó los detenidos al EL ALTO, pero no dejaban pasar ni a prensa ni a abogados. Hay rumores que las mujeres fueron trasladadas al distrito DP4 de la zona sur.

Carta de CONAMAQ a la CAOI

Reportan que entre los detenidos una mujer pidió clemencia para que no la golpeasen porque estaba embarazada, los policías le comenzaron a gritar “parí de una vez maldita.” Llorando la mujer les pidió que no la matasen y los policías le pusieron el arma en la sien.

Violeta Tamayo (miembro de Pan y Rosas y periodista de Izquierda Diario) fue detenida junto a Carlos Cornejo (miembro de la agrupación estudiantil Octubre) y Daniel Lozano (miembro del colectivo “No, nos madrugan”. El momento de su detención fue fotografiado. Los tres denunciaron que la policía buscaba fabricar pruebas falsas para imputarlos.

Desde las celdas de la FELCC, Tamayo reporta que la agresión policial en su contra empezó cuando ella y otros compañeros se acercaron al cerco policial para filmar policías que estaban gasificando a mujeres y niños de Achacachi. Ella declaró que la policía estaba montando artefactos punzantes en su mochila con el fin de mostrarlos como pruebas en su contra.

La periodista Tamayo, corresponsal de La Izquierda Diario y los activistas han sido imputados por delitos graves y lesiones a policías. Fueron detenidos por ser testigos de la represión contra mujeres Aymaras de #Achacachi, sin embargo, son ellos los acusados de agredir a la policía. Según ellos, los policías antimotines han falseado dos certificados médicos para fabricar esta agresión. Las fotos demuestran como al menos seis policías los redujeron hasta subirlos al carro y que en ningún momento hubo violencia por parte de los civiles.

La criminalización de la protesta entre racismo y sexismo

La audiencia contra los detenidos, ayer lunes 18 de setiembre, duró cerca de nueve horas. El Ministerio Público imputó a 15 personas por los delitos de atentado contra los servicios públicos, atentado contra medios de transporte y asociación delictiva.

A las 23.50, el Juez Séptimo de Instrucción Cautelar de El Alto, Héctor Quilla, determinó enviar con detención preventiva al penal de Patacamaya a 11 personas aprehendidas en el operativo policial del domingo. Otras cuatro personas recibieron medidas sustitutivas.

La audiencia no fue declarada reservada pero se impidió el acceso de la prensa. La imputación de la Fiscalía NO menciona incautación de armas de ningún tipo.

Los imputados son: Juan Carlos Flores, Carlos Villca, Nazario Mamani, René Cabrera, Arsenio Mamani, Celestino Quito, Alberto Gabriel Mamani, Kevin Poma, Santos Quito, Emeterio Fuentes, Feliz Ribera, Hilda Apaza (mujer con discapacidad física motora), Gregorio Mamani (67 años) y José Paucara (cursa 6to de secundaria). Todos fueron imputados por los delitos de atentados contra la seguridad de los transportes, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y asociación delictiva.

El Ministerio de Gobierno y Vías Bolivia se presentaron respaldando la imputación de la Fiscalía. Vías Bolivia se designó como víctima por pérdidas sufridas desde inicio de bloqueo el 21 de agosto, no acreditó cuánto ni de qué manera habría perdido con los bloqueos.

El racismo y sexismo marcaron la audiencia. El juez Héctor Quilla Vargas consideró que Hilda Apaza Bautista (44), mujer con discapacidad física motora, debió haber estado en su casa cuidando a sus hijos para justificar su ocupación de ama de casa. Como estaba fuera de su casa y lejos de sus hijos, se hizo sospechosa de estar participando de los bloqueos. La sentenció a arresto domiciliario.

Los hombres fueron objetos de racismo. Arsenio Mamani, esposo de Hilda Apaza, fue cuestionado por el juez porque su ocupación no coincidía con la del carnet de identidad, por ejemplo, ser agricultor pero tener ocupación como músico en la cédula. Esto fue elemento para introducir un elemento de falta de ocupación, lo que a su vez pone duda sobre la calidad del imputado como persona. Varios casos como ocupación de chofer con la ocupación de albañil. Sin esconder su racismo, el juez Héctor Quilla Vargas dijo que ser chofer es una capacidad, no una ocupación.

El autoritarismo de Evo

La represión de Achacachi revela el alto nivel de criminalización en Bolivia. El objetivo del gobierno es deslegitimizar la legitima resistencia de las comunidades y de los activistas, para transformar derechos fundamentales en un crimen digno no solo de reproche social, sino también de castigo económico, administrativo, y penal.

La represión de Achacachi indica el creciente autoritarismo del gobierno de Evo Morales. Mientras la policía reprimía el pueblo en las calles, legisladores del MAS planteaban “acción abstracta de inconstitucionalidad” para pedir la “inaplicabilidad” de artículos de la Constitución que impiden una nueva postulación del presidente. Morales no ha abandonado su intento de reelección a pesar de normas constitucionales que lo impidan y una fuerte oposición popular.

Pero la presión comunitaria en Achacachi, que dura desde el 22 de agosto, no va ceder a la represión policial y la criminalización. Ayer, vecinos de Achacachi anunciaron que la acción policial sería respondida con medidas aún más radicales, para lo cual activaron el denominado “Plan pulga”, que consiste en realizar bloqueos relámpago en distintos puntos de la carretera.

Lo que pasa en Achacachi no es un problema local: revela el autoritarismo de políticas anti-indígenas del gobierno de Evo Morales.

#BrutalRepresiónEnAchacachi

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