Panamá: Juicio de tres líderes Ngäbe "un patrón" de intimidación y criminalización

por  traducido por Victoria Maillo translated by Victoria Mailloagosto 15, 2017
 

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Manolo Miranda, l√≠der de una de las comunidades ind√≠genas inundadas recientemente por la presa de Barro Blanco, se enfrenta ahora hasta dos a√Īos de prisi√≥n por causar retrasos y p√©rdidas econ√≥micas a la compa√Ī√≠a que ha arruinado la forma de vida de su comunidad.

El 18 de agosto es la fecha en que Miranda ser√° juzgado junto con otros dos l√≠deres Ng√§be-Bugl√©, que tambi√©n se opusieron a la presa: el cacique regional, Toribio Garc√≠a, y la l√≠der religiosa Clementina P√©rez. Los tres se enfrentan a hasta dos a√Īos de prisi√≥n por invadir e interferir en la ‚Äúinviolabilidad del trabajo‚ÄĚ por su presunto papel en un campamento que bloqueaba la entrada a la presa hidr√°ulica en mayo y junio de 2015. Los cargos presentados contra otros dos activistas que estuvieron presentes en el campamento, Oscar Sogandares y Carmen Tedman, han sido sobrese√≠do provisionalmente.

La líder religiosa Ngäbe y opositora a la presa de Barro Blanco, Clementina Pérez, una de las tres personas que se enfrentan al juicio, comparte un artículo acerca de su detención durante la protesta de mayo y junio de 2015. (Foto: Tracy L. Barnett)

Los l√≠deres ambientales y de derechos humanos dicen que este caso es t√≠pico de una tendencia creciente a usar los juzgados con la intenci√≥n de silenciar e intimidar a los defensores ecologistas y de derechos humanos en todo el pa√≠s. Algunos apuntan a una solicitud planteada en marzo de este a√Īo a trav√©s de la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. con el fin de reunirse con dichos defensores e intentar resolver el problema. La hermana de Miranda, Weni Bagama, fue una las personas que testificaron ante la Comisi√≥n en marzo, y la presa de Barro Blanco fue uno de los casos que se discutieron. Los representantes del gobierno no respondieron a las solicitudes de informaci√≥n acerca de este proceso o de la demanda.

‚ÄúEs muy preocupante porque este no es un caso aislado‚ÄĚ, dijo Susana Serrac√≠n de la Alianza para la Conservaci√≥n y Desarrollo, una de las organizaciones que han trabajado a lo largo de estos a√Īos para detener la presa. ‚ÄúEstamos viendo un patr√≥n de intimidaci√≥n y hostigamiento, y no tenemos mayores defensas por parte del estado‚ÄĚ.

Ni la Cancillería, ni el Defensoría del Pueblo se han respondido a nuestras preguntas a pesar de los reiterados intentos de Intercontinental Cry a través del correo electrónico.

Activistas Ngäbe en pie delante de la presa de Barro Blanco en junio de 2015. (Foto: Jennifer Kennedy)

Parte de un patrón

‚ÄúEs un problema muy serio‚ÄĚ, dijo el Dr. Donaldo Sousa, presidente de la Asociaci√≥n de Derecho Ambiental de Panam√° y profesor de Derecho en la Universidad de Panam√°. Los cr√≠menes medioambientales se est√°n cometiendo diariamente en Panam√°, nos explic√≥, con activistas denunci√°ndolos de buena fe. Ha presentado m√°s de 70 demandas en estos pasados ocho a√Īos. ‚ÄúLa gran mayor√≠a no han sido procesados, en cambio los juzgados van en contra de los defensores de los derechos humanos y de los ecologistas.‚ÄĚ

Mientras los l√≠deres Ng√§be se preparaban para su juicio, creci√≥ el rumor de otra demanda contra la oposici√≥n de un proyecto de desarrollo en Panam√° City, en la que sus propiedades fueron embargadas como parte de la investigaci√≥n. Max Crowell, el presidente de los propietarios de la asociaci√≥n de Ciudad Jard√≠n Albrook, gan√≥ una demanda con la que se suspend√≠a la construcci√≥n de una escuela privada debido a las irregularidades que afectaban al vecindario. La compa√Ī√≠a se veng√≥ demandando a Crowell. Su casa fue embargada y otros bienes fueron secuestrados durante la investigaci√≥n.

Hay otros casos de medioambientalistas que han sido demandados:

  • Larissa Duarte del Movimiento Campesino para el R√≠o Cobre en Veraguas, demandada por 10 millones de d√≥lares por parar la presa hidroel√©ctrica en el rio.
  • L√≠deres comunitarios en Coco del Mar, un vecindario que luch√≥ contra la destrucci√≥n de un bosque de manglares para construir un complejo de apartamentos de gran altura en Panam√° City.
  • El experto forestal Basilio P√©rez en la region de Azuero, demandado por 40.000 d√≥lares por la compa√Ī√≠a minera Cerro Quema, tambi√©n por perdidas econ√≥micas despu√©s de haber demandado a la compa√Ī√≠a por violaciones ambientales.

Sousa dijo a IC que hay casos adicionales en los que los ambientalistas est√°n siendo amenazados f√≠sicamente, a veces con la muerte ‚ÄĒcomo en el caso de la periodista Ligia Arreaga, obligada a huir de Panam√° el a√Īo pasado por su defensa del humedal m√°s grandes del pa√≠s, Matusagarat√≠. En junio de este a√Īo, dos propietarios de la empresa, Diego y Francisco Jos√© Hurtado P√©rez de Agricultura y Servicios de Panam√°, S.A. (AGSE), fueron sentenciados a 32 meses de c√°rcel por delitos ambientales contra el humedal. Sin embargo, aquellos que atentaron contra la vida de Arreaga siguen en libertad y no hay ning√ļn esfuerzo aparente para procesarlos.

La periodista Ligia Arreaga fue obligada a huir del país después de haber recibido amenazas de muerte relacionadas con su defensa de uno de los más importantes manglares del país, Matusagaratí. (Foto cortesía de Ligia Arreaga).

En el caso de Barro Blanco, Sousa present√≥ una demanda antes de que se construyera la presa, contra las personas que llevaron a cabo el estudio de impacto ambiental, as√≠ como contra el director de la Autoridad Nacional de Servicios P√ļblicos, Roberto Meana, y la ex Ministra de Medio Ambiente, Mirei Endara. La denuncia alegaba que los datos fundamentales relativos al da√Īo al patrimonio arqueol√≥gico, al medio ambiente y a la calidad de vida de las comunidades eran falsos o inexistentes.

"El resultado de esa queja fue que no se hizo nada, no fue investigada en ese momento", dijo Sousa. "Aquí en Panamá hay demasiada impunidad por parte de quienes investigan los crímenes".

Francia Archibold, la abogada que representa a los tres líderes Ngäbe, dijo que no tenía ninguna duda de que deberían ser absueltos por completo. Por un lado, dijo, los tres líderes estaban entre más de un centenar de personas, y era injusto que fueran identificados.

"Pr√°cticamente toda la comunidad estaba all√≠, y estaban luchando sinceramente por sus derechos", dijo. "Como abogada puedo decir indiscutiblemente que hay un cierto nivel de persecuci√≥n aqu√≠. El motivo es amedrantar a los dirigentes con el √ļnico fin de hacerlos callar, porque definitivamente tienen el poder de convocar a la gente".

Nos ofrecieron una miseria

Mientras tanto, en la comunidad de Kiad, Miranda y otros residentes Ng√§be viven con las consecuencias de la inundaci√≥n ilegal de la presa de Barro Blanco. Las aguas de su sagrado R√≠o Tabasar√°, en las que una vez pescaron y se ba√Īaron, se han convertido en un lago estancado, matando a los peces, trag√°ndose el bosque de alimento que era su sustento e inundando los petroglifos sagrados que los conectaban con sus antepasados.

La inundaci√≥n de la presa de Barro Blanco ha afectado alrededor de 500 residentes en las comunidades de KIad, Quebrada Ca√Īa y Nuevo Palomar. (Foto: Archivo M10)

Algunas casas de los residentes fueron destruidas, dejándolos sin hogar. Contactado por teléfono, Miranda dijo que las aguas habían subido a pocos metros de su casa y del centro cultural y a la escuela para la lengua Ngäbe en el corazón de su comunidad.

Su hermana, la delegada del Congreso de Ngäbe, Weni Bagama, compartió una entrevista con IC en una visita de junio a la ciudad de Panamá y describió las condiciones en la comunidad.

"Viv√≠amos muy pac√≠ficamente, dorm√≠amos felices a nuestros ni√Īos toda la noche, y despu√©s de que nos inundaron, no tenemos paz", dijo. "Ahora a partir de las 6 de la tarde en adelante, van cayendo los mosquitos en grandes cantidades. Nosotros no tenemos repelentes o mosquiteros, porque es un gasto que no podemos cubrir, y de todos modos es algo que nunca necesitamos antes‚ÄĚ.

La fiebre y la diarrea han aumentado en la comunidad, y los ni√Īos est√°n siendo cubiertos por picaduras de mosquitos, que est√°n causando infecciones, dijo Bagama. Adem√°s, no disponen de suficiente comida, ya que la tierra de cultivo de la comunidad fue inundada. Antes, ten√≠an una amplia gama de alimentos de un bosque productivo de varias generaciones, m√°s sus cultivos de cacao y de caf√©, a lo largo del r√≠o. ‚ÄúAhora vivimos de lo poco que la gente trae de las comunidades vecinas, de lo poco que podemos comprar y de lo que podemos cultivar en otras √°reas m√°s arriba, pero la producci√≥n ha sido muy limitada.

"No queremos ser una carga para nadie. Queremos que bajen el nivel del embalse, porque comida teníamos, el territorio para producir teníamos", dijo. "Pescabamos camarones, peces, en ese río y ahora no podemos hacer nada de eso".

La l√≠der Ng√§be, Weni Bagama, observa los da√Īos causados por la inundaci√≥n de la presa de Barro Blanco en su comunidad de Kiad y alrededores. (Foto: Tracy L. Barnett).

Tanto Bagama como Miranda dijeron a IC que el gobierno envió a representantes a la comunidad en marzo y les ofreció una compensación por la tierra. Su posición y la del movimiento que representan contra la represa, el Movimiento 10 de Abril, es que no están dispuestos a aceptar una compensación por sus tierras.

"Nos ofrecieron una miseria, d√°ndonos comida para un d√≠a y quit√°ndonos nuestras tierras que nos han ofrecido seguridad econ√≥mica, alimentaria, social y cultural por m√°s de 500 a√Īos", dijo Miranda. "No podemos compartir esa pol√≠tica con el gobierno de ninguna forma".

Mientras tanto, la demanda se ha cobrado un peaje en t√©rminos de tranquilidad para Miranda y sus vecinos. "Sentimos una gran inseguridad social y legal. Me siento como si no hubiera garant√≠a de mis derechos y de los derechos de la gente, me siento privado de mi libertad de expresi√≥n ", dijo Miranda. "Hemos perdido parte de nuestras tierras y nuestras cosechas‚ÄĚ.

"Esta es la cuarta vez que la compa√Ī√≠a ha inventado un pretexto para perseguirme, y es claramente para intimidarnos por la lucha que estamos llevando a cabo".

Otro de los l√≠deres demandados, el presidente del Congreso Regional, Toribio Garc√≠a, dijo que la compa√Ī√≠a lo hab√≠a demandado cinco veces y hab√≠a tratado de sobornarlo, pero que no ten√≠a intenci√≥n de ceder. "Lo que ellos no saben es que al meternos presos es activar m√°s el movimiento para las generaciones futuras por las que estamos luchando‚ÄĚ.

Al igual que Miranda y Bagama, García dijo que no se dejará intimidar.

"Nosotros como dirigentes y pueblo mantendremos nuestra lucha hasta las √ļltimas consecuencias", dijo Garc√≠a. "Exigiremos nuestros derechos, y esos derechos son la dignidad de un pueblo‚ÄĒy la dignidad de un pueblo no tiene precio".