Manolo Miranda, líder de una de las comunidades indígenas inundadas recientemente por la presa de Barro Blanco, se enfrenta ahora hasta dos años de prisión por causar retrasos y pérdidas económicas a la compañía que ha arruinado la forma de vida de su comunidad.
El 18 de agosto es la fecha en que Miranda será juzgado junto con otros dos líderes Ngäbe-Buglé, que también se opusieron a la presa: el cacique regional, Toribio García, y la líder religiosa Clementina Pérez. Los tres se enfrentan a hasta dos años de prisión por invadir e interferir en la “inviolabilidad del trabajo” por su presunto papel en un campamento que bloqueaba la entrada a la presa hidráulica en mayo y junio de 2015. Los cargos presentados contra otros dos activistas que estuvieron presentes en el campamento, Oscar Sogandares y Carmen Tedman, han sido sobreseído provisionalmente.
La líder religiosa Ngäbe y opositora a la presa de Barro Blanco, Clementina Pérez, una de las tres personas que se enfrentan al juicio, comparte un artículo acerca de su detención durante la protesta de mayo y junio de 2015. (Foto: Tracy L. Barnett)
Los líderes ambientales y de derechos humanos dicen que este caso es típico de una tendencia creciente a usar los juzgados con la intención de silenciar e intimidar a los defensores ecologistas y de derechos humanos en todo el país. Algunos apuntan a una solicitud planteada en marzo de este año a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. con el fin de reunirse con dichos defensores e intentar resolver el problema. La hermana de Miranda, Weni Bagama, fue una las personas que testificaron ante la Comisión en marzo, y la presa de Barro Blanco fue uno de los casos que se discutieron. Los representantes del gobierno no respondieron a las solicitudes de información acerca de este proceso o de la demanda.
“Es muy preocupante porque este no es un caso aislado”, dijo Susana Serracín de la Alianza para la Conservación y Desarrollo, una de las organizaciones que han trabajado a lo largo de estos años para detener la presa. “Estamos viendo un patrón de intimidación y hostigamiento, y no tenemos mayores defensas por parte del estado”.
Ni la Cancillería, ni el Defensoría del Pueblo se han respondido a nuestras preguntas a pesar de los reiterados intentos de Intercontinental Cry a través del correo electrónico.
Activistas Ngäbe en pie delante de la presa de Barro Blanco en junio de 2015. (Foto: Jennifer Kennedy)
Parte de un patrón
“Es un problema muy serio”, dijo el Dr. Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental de Panamá y profesor de Derecho en la Universidad de Panamá. Los crímenes medioambientales se están cometiendo diariamente en Panamá, nos explicó, con activistas denunciándolos de buena fe. Ha presentado más de 70 demandas en estos pasados ocho años. “La gran mayoría no han sido procesados, en cambio los juzgados van en contra de los defensores de los derechos humanos y de los ecologistas.”
Mientras los líderes Ngäbe se preparaban para su juicio, creció el rumor de otra demanda contra la oposición de un proyecto de desarrollo en Panamá City, en la que sus propiedades fueron embargadas como parte de la investigación. Max Crowell, el presidente de los propietarios de la asociación de Ciudad Jardín Albrook, ganó una demanda con la que se suspendía la construcción de una escuela privada debido a las irregularidades que afectaban al vecindario. La compañía se vengó demandando a Crowell. Su casa fue embargada y otros bienes fueron secuestrados durante la investigación.
Hay otros casos de medioambientalistas que han sido demandados:
Sousa dijo a IC que hay casos adicionales en los que los ambientalistas están siendo amenazados físicamente, a veces con la muerte —como en el caso de la periodista Ligia Arreaga, obligada a huir de Panamá el año pasado por su defensa del humedal más grandes del país, Matusagaratí. En junio de este año, dos propietarios de la empresa, Diego y Francisco José Hurtado Pérez de Agricultura y Servicios de Panamá, S.A. (AGSE), fueron sentenciados a 32 meses de cárcel por delitos ambientales contra el humedal. Sin embargo, aquellos que atentaron contra la vida de Arreaga siguen en libertad y no hay ningún esfuerzo aparente para procesarlos.
La periodista Ligia Arreaga fue obligada a huir del país después de haber recibido amenazas de muerte relacionadas con su defensa de uno de los más importantes manglares del país, Matusagaratí. (Foto cortesía de Ligia Arreaga).
En el caso de Barro Blanco, Sousa presentó una demanda antes de que se construyera la presa, contra las personas que llevaron a cabo el estudio de impacto ambiental, así como contra el director de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, Roberto Meana, y la ex Ministra de Medio Ambiente, Mirei Endara. La denuncia alegaba que los datos fundamentales relativos al daño al patrimonio arqueológico, al medio ambiente y a la calidad de vida de las comunidades eran falsos o inexistentes.
“El resultado de esa queja fue que no se hizo nada, no fue investigada en ese momento”, dijo Sousa. “Aquí en Panamá hay demasiada impunidad por parte de quienes investigan los crímenes”.
Francia Archibold, la abogada que representa a los tres líderes Ngäbe, dijo que no tenía ninguna duda de que deberían ser absueltos por completo. Por un lado, dijo, los tres líderes estaban entre más de un centenar de personas, y era injusto que fueran identificados.
“Prácticamente toda la comunidad estaba allí, y estaban luchando sinceramente por sus derechos”, dijo. “Como abogada puedo decir indiscutiblemente que hay un cierto nivel de persecución aquí. El motivo es amedrantar a los dirigentes con el único fin de hacerlos callar, porque definitivamente tienen el poder de convocar a la gente”.
Nos ofrecieron una miseria
Mientras tanto, en la comunidad de Kiad, Miranda y otros residentes Ngäbe viven con las consecuencias de la inundación ilegal de la presa de Barro Blanco. Las aguas de su sagrado Río Tabasará, en las que una vez pescaron y se bañaron, se han convertido en un lago estancado, matando a los peces, tragándose el bosque de alimento que era su sustento e inundando los petroglifos sagrados que los conectaban con sus antepasados.
La inundación de la presa de Barro Blanco ha afectado alrededor de 500 residentes en las comunidades de KIad, Quebrada Caña y Nuevo Palomar. (Foto: Archivo M10)
Algunas casas de los residentes fueron destruidas, dejándolos sin hogar. Contactado por teléfono, Miranda dijo que las aguas habían subido a pocos metros de su casa y del centro cultural y a la escuela para la lengua Ngäbe en el corazón de su comunidad.
Su hermana, la delegada del Congreso de Ngäbe, Weni Bagama, compartió una entrevista con IC en una visita de junio a la ciudad de Panamá y describió las condiciones en la comunidad.
“Vivíamos muy pacíficamente, dormíamos felices a nuestros niños toda la noche, y después de que nos inundaron, no tenemos paz”, dijo. “Ahora a partir de las 6 de la tarde en adelante, van cayendo los mosquitos en grandes cantidades. Nosotros no tenemos repelentes o mosquiteros, porque es un gasto que no podemos cubrir, y de todos modos es algo que nunca necesitamos antes”.
La fiebre y la diarrea han aumentado en la comunidad, y los niños están siendo cubiertos por picaduras de mosquitos, que están causando infecciones, dijo Bagama. Además, no disponen de suficiente comida, ya que la tierra de cultivo de la comunidad fue inundada. Antes, tenían una amplia gama de alimentos de un bosque productivo de varias generaciones, más sus cultivos de cacao y de café, a lo largo del río. “Ahora vivimos de lo poco que la gente trae de las comunidades vecinas, de lo poco que podemos comprar y de lo que podemos cultivar en otras áreas más arriba, pero la producción ha sido muy limitada.
“No queremos ser una carga para nadie. Queremos que bajen el nivel del embalse, porque comida teníamos, el territorio para producir teníamos”, dijo. “Pescabamos camarones, peces, en ese río y ahora no podemos hacer nada de eso”.
La líder Ngäbe, Weni Bagama, observa los daños causados por la inundación de la presa de Barro Blanco en su comunidad de Kiad y alrededores. (Foto: Tracy L. Barnett).
Tanto Bagama como Miranda dijeron a IC que el gobierno envió a representantes a la comunidad en marzo y les ofreció una compensación por la tierra. Su posición y la del movimiento que representan contra la represa, el Movimiento 10 de Abril, es que no están dispuestos a aceptar una compensación por sus tierras.
“Nos ofrecieron una miseria, dándonos comida para un día y quitándonos nuestras tierras que nos han ofrecido seguridad económica, alimentaria, social y cultural por más de 500 años”, dijo Miranda. “No podemos compartir esa política con el gobierno de ninguna forma”.
Mientras tanto, la demanda se ha cobrado un peaje en términos de tranquilidad para Miranda y sus vecinos. “Sentimos una gran inseguridad social y legal. Me siento como si no hubiera garantía de mis derechos y de los derechos de la gente, me siento privado de mi libertad de expresión “, dijo Miranda. “Hemos perdido parte de nuestras tierras y nuestras cosechas”.
“Esta es la cuarta vez que la compañía ha inventado un pretexto para perseguirme, y es claramente para intimidarnos por la lucha que estamos llevando a cabo”.
Otro de los líderes demandados, el presidente del Congreso Regional, Toribio García, dijo que la compañía lo había demandado cinco veces y había tratado de sobornarlo, pero que no tenía intención de ceder. “Lo que ellos no saben es que al meternos presos es activar más el movimiento para las generaciones futuras por las que estamos luchando”.
Al igual que Miranda y Bagama, García dijo que no se dejará intimidar.
“Nosotros como dirigentes y pueblo mantendremos nuestra lucha hasta las últimas consecuencias”, dijo García. “Exigiremos nuestros derechos, y esos derechos son la dignidad de un pueblo—y la dignidad de un pueblo no tiene precio”.
