Los derechos indígenas, la ONU y el TLCAN

por noviembre 16, 2017
 

 An English version of this article is available here Una vez más, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), están de gira en México para conocer de cerca y de viva voz la situación por la que atraviesa la población en torno a temas que han dado fama mundial a este país, por ocupar los primeros lugares en el orbe, como la violación a los derechos humanos y laborales, la violencia oficial, el abuso de empresas, la corrupción con su inseparable impunidad y la depredación ambiental a costa de los pueblos originarios.

Ahora, en estos días del 8 al 17 de noviembre, la Relatora de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas en México, Victoria Tauli Corpuz, indígena filipina, visitará los estados de Chihuahua, Chiapas y Guerrero para conocer la problemática que enfrentan las naciones indígenas, pero desde el mismo día 8, fecha de su arribo al país, en conferencia de prensa, le fue entregado el Informe sobre la situación de los derechos indígenas en México que ofrece un conocimiento integral sobre el asunto.

Victoria Tauli también se entrevistará con funcionarios de una media docena de secretarías de Estado y Procuradurías, así como del Instituto Nacional Electoral, entre otros para tratar los temas de discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas.

Especial insistencia harán los pueblos indígenas sobre la consulta pública que se les debe hacer ante la intención empresarial o gubernamental para emprender un proyecto en su territorio, la cual nunca se realiza, y cuando se hace es cuando ya la inversión está en marcha. Además, de llevarse a cabo no cumple con los lineamientos internacionales y casi siempre sus resultados nunca son respetados por las autoridades mexicanas y falseados.

La visita de la representante de la ONU ocurre justo en el momento en que el Concejo Nacional Indígena se ha quejado de discriminación del INE hacia su candidata a la presidencia a la República, María de Jesús Patricio, nahua, candidata independiente a la que primero se le negó la apertura de una cuenta bancaria, por parte del banco, y después ha debido enfrentar obstáculos como el registro de adhesiones por medio de teléfono celular, para una bola de rebeldes que le apoyan, que apenas tienen para comer, carecen de la infraestructura y del aparato telefónico mismo.

En particular critico que las recomendaciones de las diversas oficinas de la ONU, aunque a veces sean acertadas, no sean vinculantes con el sistema jurídico mexicano, ni con el sistema político, no tienen carácter de obligatorio, aunque exhiben la podredumbre del sistema político mexicano, al tiempo que propician la articulación de las diversas luchas indígenas que tienen lugar en el territorio nacional y con sus semejantes en otros países.

Por ejemplo, Mario Luna, líder de la tribu yaqui, en Sonora, considera que cuando se dan estas visitas, el Estado mexicano presume avances en favor de los pueblos indígenas, pero en realidad el hostigamiento y criminalización de los pueblos por defender sus recursos es de todos los días, además de que las resoluciones jurídicas a su favor nunca son acatadas, ni respetadas.

De acuerdo con la mecánica de las misiones del personal de la ONU en cualquier país, al término de su visita, la Relatora presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que presentará observaciones y recomendaciones, de modo que dicho organismo los considere para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano adoptadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y todos los tratados internacionales firmados en la materia.

Un cúmulo de organizaciones ambientales, sociales, académicas, comunitarias y defensoras de derechos humanos anticiparon que expondrán los casos más representativos del asalto al que son sujetos en su vida diaria que pone en riesgo su existencia como pueblos y comunidad, como cultura y pueblos originarios de México.

Mencionan las diversas formas de despojo del territorio y bienes naturales; megaproyectos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas; discriminación; agresiones, desplazamiento e inseguridad a causa de la defensa del territorio y de la violencia creciente en el país; e impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia.

Un tema de primordial importancia, necesariamente obligatorio, es exigir la participación de los pueblos indígenas en las negociaciones actuales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN), ya que son los que más sufren debido al comercio desenfrenado que impone patrones de consumo intensivos que obligan a la inversión de megaproyectos en sus territorios.

Los pueblos indígenas mexicanos juegan un papel importante en el funcionamiento del TLCAN no solo porque de sus territorios se saquean especies de flora y fauna, petróleo, minerales, viento y agua, sino que además como migrantes hacia Estados unidos y Canadá hacen posible que con la plusvalía que generan, de la explotación de que son objeto, posibilitan la competitividad internacional de esos países.

Aunque el TLCAN terminé, que sería lo mejor en las condiciones en que funciona y amenaza seguir trabajando, la globalización no morirá, sus venas ya están muy arraigadas en las entrañas del planeta, pero la esperanza es que la globalización de las luchas indígenas sigan, de tal manera que su articulación alcance nuevas dimensiones trinacionales, pero también continentales, como está ocurriendo.

En general, los pueblos indígenas del continente americano cruzan por las mismas dificultades, con mayor o menor intensidad y los casos de despojo, agresión retrato del neoliberalismo que le serán presentados a la funcionaria de la ONU, son emblemáticos de la región: La hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el de siembra de transgénicos en la Península de Yucatán; los impactos de la violencia y devastación de los bosques en Chihuahua; el Acueducto Independencia en Sonora; Eólicas del Sur en Juchitán; Proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla; la minera de San Miguel del Progreso en Guerrero; la sistemática tortura y privación arbitraria de la libertad, así como la falta de justicia en Chiapas en un contexto de guerra de baja intensidad; el impacto de los sismos en Chiapas; y la discriminación en las políticas públicas que mantiene empobrecidos a los pueblos indígenas, entre otros.

De acuerdo con las organizaciones agrupadas con el fin de acompañar la visita de Tauli Corpuz, ella está interesada en conocer las situaciones de exclusión y violencia que viven las mujeres indígenas en México. Es por ello que destinará espacios especiales para dialogar con mujeres cuyos derechos han sido negados. Con ella compartirán casos de feminicidio, violencia obstétrica, muerte materna, esterilización forzada, defensoras de derechos humanos en riesgo, en otros.

Entre las decenas de organizaciones de todo el país que seguirán la visita de la relatora se encuentran: Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo(AMAP), OXFAM México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

Desde 2003 cuando el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen realizó una visita a México evidenció la grave situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas y a 14 años de dicha visita, “la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado. Al contrario, las causas estructurales responsables del despojo y agresiones que viven día con día se han agudizado y los actores no estatales, especialmente las empresas mineras, que contribuyen a esto se han multiplicado”, dijeron.

Ahora en 2017, en directo, en comunicado de prensa del 8 de noviembre, las organizaciones integrantes del Consejo Tiyat Tlali, denunciaron que a nivel nacional la Reforma Energética, legalizó la privatización y mercantilización del agua, la tierra y la naturaleza, hecho que ha provocado un incremento de la conflictividad socio territorial en todo el país principalmente en regiones indígenas.

Dijeron que esto no es ajeno a la zona de la Sierra norte de Puebla pues a partir de 2011 a la fecha hay una alta concentración de megaproyectos: en minería, hasta diciembre del 2016, la Secretaría de Economía había otorgado 189 títulos de concesiones mineras, lo que equivale a 372 mil 408 hectáreas, y aunque ningún proyecto de minerales metálicos está aún en explotación existen seis proyectos en exploración, todos de capital canadiense, de los cuales el más avanzado es el de cielo abierto de la canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán, señaló la organización.

Agregó que la minería no metálica, también ha causado fuertes impactos, como en la extracción de Feldespatos en la región de Zacatlán por Materias Primas de Ahuazotepec, filial de la empresa belga, Sibelco; además, las hidroeléctricas proyectadas en las cuencas de los ríos que cruzan la Sierra Norte de Puebla, suman 14 que ya cuentan con estudios de prefactibilidad, las cuales generarán energía para diversas empresas privadas, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla  que pretende generar electricidad para Walmart.

En cuanto a la extracción de hidrocarburos, explican que la Secretaría de Energía ha autorizado concesiones para exploración no convencional en alrededor de 35 municipios y es parte de un plan integral de infraestructura que buscan incentivar la producción industrial, el consumo urbano y las ganancias privadas, que implican el despojo territorial y la íntima relación de los proyectos en la región, pues mientras el fracking y la minería requieren altas cantidades de energía las hidroeléctricas la generan,

A eso obedece la construcción del proyecto "Línea de alta tensión Cuetzálan entronque Teziutlán II-Tajín", o la construcción de gaseoductos por parte de empresas como Gasoductos Mexicanos SA de CV., o el gasoducto “Tuxpan-Tula” de la corporación TransCanada para importar gas desde Texas.

Por todo ello, solicitan a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tomar conocimiento y realice las acciones pertinentes para conminar al Estado mexicano para que respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas en el país y en la Sierra Norte de Puebla.

Miguel Angel Torres es un escritor independiente basado en Aguascalientes.