Washington, DC — Años de protestas contra la represa de Barro Blanco llegaron a una audiencia de una hora de duración el 17 de marzo en un edificio de oficinas de Washington, D.C.; a más de 4,000 millas de las tierras y el río en Panamá que Weni Bagama y Osvaldo Jordán están tratando de proteger.
Portando con orgullo un vestido rojo brillante adornado con el patrón de zigzag que representa las montañas y los ríos de su tierra, Bagama hizo una apasionada súplica en los pocos minutos asignados para presentar el caso del pueblo ngäbe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecida en 1959 como organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos.
Los ngäbe han estado a la vanguardia en una lucha de casi dos décadas para detener la presa hidroeléctrica, que ha inundado hogares, sitios arqueológicos y ceremoniales, y un “bosque de galería” de varias generaciones que fue fuente de alimento e ingresos para casi 500 personas.
Bagama es una líder del movimiento de resistencia y miembro de una de las comunidades afectadas. Ella, Jordán y otros defensores ambientales panameños esperan que la Comisión presione al Gobierno para que rectifique la situación y detenga la represión contra el activismo ambiental en el país.
Éste es el tercer viaje de Bagama a Washington; ella vino previamente en 2012 y 2014, para diferentes audiencias, pero todas relacionadas con el mismo asunto. A pesar de repetidas protestas en Panamá, críticas de grupos ambientales internacionales, informes de organizaciones internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, ninguna ha marcado la diferencia; la presa fue construida, y su comunidad inundada.
“En la ciudad de Panamá se está llevando un diálogo donde nuestra voz como afectadas directas jamás ha sido considerada”, dijo Bagama en respuesta a los funcionarios del gobierno panameño que han dicho que mantuvieron conversaciones con las comunidades locales. “El método de consulta que se ha hecho en el tema de Barro Blanco es tomar a un individuo representante del grupo, llevarlo a un hotel y le piden la firma y ya, y con eso tienen el consentimiento previo’.”
En Kiad, Panamá, Weni Bagama sube una colina que era verde, ahora cubierta de barro endurecido desde las inundaciones de Barro Blanco. (Tracy L. Barnett)
Bagama se refirió a dos incidentes del año pasado que encendieron la llama en grupos de derechos humanos:
El desalojo del campamento de los manifestantes pertenecientes a la iglesia de la Mama Tatda, la religión mayoritaria del pueblo ngäbe-buglé, cuando una iglesia fue demolida y la policía arrastró a los manifestantes por la tierra contra su voluntad; y una operación policial de tipo militar en el pequeño pueblo de Gualaquita, donde más de 500 agentes de policía dispersaron a tiros a los adoradores de Mama Tatda con gas lacrimógeno, balas de goma y perdigones, dejando al menos 20 heridos.
“En nuestro propio territorio de la comarca [la tierra autónoma del Ngäbe], nos reprimen, y esto da lugar a que el pueblo en cada base, de diferentes puntos salgan a la calle”, dijo.
“Lo que queremos es hacer énfasis en que no son casos aislados sino que es un patrón que se está dando a nivel de todo el país”, dijo Jordán, Director Ejecutivo de la Alianza para Conservación y Desarrollo Panameña, uno de los grupos que, en conjunto con el Equipo de Justicia del Instituto Hermanas de la Misericordia y la Oficina Maryknoll de Asuntos Mundiales, solicitaron la audiencia.
Jordán citó los casos de la periodista Ligia Arreaga y de la activista ambiental Larissa Duarte: Arreaga salió del país tras amenazas de muerte recibidas a raíz de su informe sobre la destrucción de Matusaragatí, el mayor sistema de humedales de Panamá; mientras Duarte luchaba por detener una represa hidroeléctrica, la demandó por $10 millones para detener el proyecto.
La situación de seguridad de los defensores del medio ambiente en Panamá ha llegado a un punto crítico, señaló Jordán. Por ejemplo, la semana antes de la audiencia, estuvo investigando una amenaza de muerte a un líder ngäbe que bloqueaba maquinaria de construcción en tierras indígenas en la vecina provincia de Bocas del Toro.
El caso del proyecto de la represa fue presentado en una audiencia de una hora de duración que también incluyó otro caso de Panamá, sobre el desarrollo de la Isla Pedro González, donde los residentes de ascendencia africana dicen que la policía los detuvo arbitrariamente por oponerse al proyecto turístico de un inversionista extranjero en tierras que ellos y sus antepasados han habitado durante 300 años.
Funcionarios del gobierno panameño dijeron en la audiencia que los antecedentes del país sobre la protección del medio ambiente, el incremento en el diálogo con los grupos indígenas y la protección de los derechos de los protestantes sobre los derechos medioambientales se ha mejorado en años recientes.
Bagama en su refutación mostró una foto de un manifestante ensangrentado.
Weni Bagama en Washington, DC (GSR foto / Gail DeGeorge)
“La intervención de la policía es para cuidar, para proteger”, dijo. “¿Esto sería proteger? Esto sería cuidar? La realidad que hemos vivido es otro.”
Después de la audiencia, ella le dijo a GSR: “Siguen hablando de diálogo, pero la construcción de la presa no tiene sentido.” La gente ha perdido sus hogares y la tierra que utilizan para la alimentación y sus medios de subsistencia a causa de las inundaciones, dijo. En la mayoría de las negociaciones de Ngäbe y Buglé que el gobierno ha hecho con líderes de la comunidad, dijo que los acuerdos no han representado las opiniones de toda la comunidad.
“Es decepcionante, el Estado parece estar mirando a un mundo diferente de lo que vemos nosotros, pero al mismo tiempo, esperamos que estos problemas se denuncien al mundo y que el Estado asuma un compromiso público en las reuniones”, dijo Jordán a GSR después de la audiencia. “Esperamos llegar a una comprensión de lo que realmente significa el diálogo; escuchan, pero no escuchan, hacen todo lo contrario sin tener en cuenta ninguna de nuestras preocupaciones”.
La audiencia concluyó sin una decisión sobre el proyecto, pero con una solicitud de la Comisión para que el Gobierno Panameño establezca futuras audiencias sobre los derechos de los defensores ambientales y de los derechos humanos. La primera de esas “consultas periódicas” está programada para el 4 de abril en Panamá. Esta primera reunión es para peticionarios y el gobierno para discutir estos temas, dijo Jordán.
Jordán y Bagama dijeron que esperan que la Comisión de Derechos Humanos apoye la petición Ngäbe de bajar el nivel del agua en Barro Blanco por debajo de la de la comarca, Territorio de los Ngäbe, evitando que sus comunidades se inunden. La fecha para una decisión podría ser en pocos días, meses o un año, dijo Jordán.
Algunos gobiernos han respetado las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos, pero otros no, dijo.
Sin embargo, añadió, “la esperanza es que el gobierno panameño respete su propio compromiso con el derecho internacional”.
Gail DeGeorge es editor de Global Sisters Report. Tracy L. Barnett es una escritora, editora y fotógrafa independiente especializada en asuntos ambientales, derechos indígenas y viajes sustentables.
Republicado con permiso de GlobalSistersReport.org.
Relacionado: • Audiencia en Un Muro en Su Río: Comunidades Ngäbe Inundadas Continúan Luchando contra la Presa
