Las policías estatales de Nayarit que fueron enviadas para acompañar a los oficiales de la corte dijeron que era imposible hacer cumplir la ley. (Agustín del Castillo)
Carlos González García llegó ayer por la mañana, por la brecha que sube desde la presa El Cajón, hasta el ingreso del poblado de Huajimic. Dos centenares de furiosos ganaderos lo estaban esperando a él y a los integrantes de su caravana.
“Con navajas reventaron dos llantas de la camioneta propiedad de Benjamín Sandoval, un abogado de Tepic que nos está apoyando; venía Cristian Chávez, nuestro geógrafo; le reventaron dos llantas con navajas, le quitaron un espejo, y lo trataron de amagar: traían una soga y la metían por la ventana, para que yo metiera la cabeza (sugiriendo ahorcarlo); a Cristian le decían que le iban a cortar la cabeza, luego empezaron a mover la camioneta para tratar de ladearla, hacia la orilla del camino, para echarla a una barranquita (…) nos retuvieron casi dos horas, algunos de estos civiles iban armados y otros encapuchados y con radios. Cuando por fin pudimos salirnos, de regreso, nos dijeron que si regresábamos nos iban a matar…”, dijo a MILENIO JALISCO el abogado.
Es el mejor resumen de la tercera ejecución de sentencias judiciales, segunda consecutiva, en que fracasa el personal del Tribunal Unitario Agrario 56 de Tepic, responsable de poner en manos de los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), tierras que poseen los ganaderos de Huajimic, en algunos casos, hasta cinco generaciones atrás, pero sobre las que tienen derecho inmemorial e histórico los huicholes que defiende González García.
Los nativos de la sierra han demostrado a los magistrados agrarios que son tierras que les reconoció la corona española desde comienzos del siglo XVIII, y por ende, su derecho es anterior al de sus vecinos, cuya permanencia en la zona ha sido apoyada por el gobierno estatal de Nayarit, al que los huicholes ven como el principal obstáculo para que se aplique la ley en la zona.
La comitiva, integrada por el actuario y el topógrafo del TUA 56 de Tepic; por un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y los tres integrantes del equipo de defensa de los wixaritari, fue presuntamente apoyado por cuatro camionetas con 21 policías estatales de Nayarit, pero, según el testimonio del litigante, “poco pudieron hacer”. Tras ser informado de los hechos, el magistrado del TUA, Aldo Saúl Muñoz López, quien no viajó en esta ocasión a la montaña, calificó que la presencia policiaca fue tibia porque no contuvo las agresiones
La manifestación del jueves estuvo marcada por agresiones y amenazas de violencia por parte de terratenientes no indígenas a quienes los tribunales están exigiendo que devuelvan sus tierras a los Huicholes luego de una disputa de cinco generaciones. (Agustin Del Castillo)
Los manifestantes, encabezados por Ignacio Quintanilla, Otoniel Sandoval, Rafael Sandoval, Fortino Montoya, Audelina Villagrana, Magdalena Mira, Reveriano Montoya y Ciro Quintanilla, de acuerdo a la información proporcionada por el personal del tribunal y por el defensor de los wixaritari, realizaron durante unas dos horas un sistemático hostigamiento de los integrantes de la caravana. “Es decir, se acerca a ellos el comandante de la policía, le dicen que no van a dejar pasar, que no entregarán las tierras sin indemnización, que no se puede ejecutar; el policía dice: no se puede, vamos para atrás, y no… impidieron nuestro regreso”.
Los manifestantes obligaron a que se levantara un acta en que se rendía constancia de los hechos, y se confirmaba que los pobladores de Huajimic no iban a permitir más ejecuciones de sentencia. Obligaron a que los representantes la firmaran. “Dice solamente lo que pasó, dice que llegó el actuario a ejecutar, que ellos se oponían, y de que se le indemnice por el valor real de los predios…”.
El resto de la jornada de intimidación se sucedió entre discursos airados de los dirigentes de la protesta, quienes señalaron que las tierras son de ellos porque no fueron los huicholes los que las hicieron florecer; y que el pueblo aborigen es “un pueblo de huevones” donde “tienen hijos para que el gobierno les dé dinero”.
Dos invitados no llegaron: cientos de wixaritaris habían comenzado su descenso desde sus poblados de Jalisco para la toma formal de la posesión de los dos predios, uno de 15 hectáreas y otro, poco más de media ha. También se habló de un presunto apoyo de fuerza pública del estado vecino, pero se le contuvo: hubiera enrarecido más el conflicto, pues algunos dirigentes ven en los indígenas a los personeros de un presunto afán de expansión territorial del vecino mayor.
El 25 de abril está programada una nueva entrega de predios. El pronóstico no es optimista.
Este artículo fue republicado con permiso de Milenio Jalisco.
