El mes pasado, 18 dirigentes Aymaras enfrentaron la etapa final de un juicio que contemplaba la posibilidad de enviarlos a prisión hasta por 28 años, además del pago exorbitantes multas, por sus supuestos roles en la movilización social del 2011 conocida como el “Aymarazo”, en contra del proyecto minero de plata “Santa Ana”, ubicado cerca de la frontera entre Perú y Bolivia. Los dirigentes Aymaras fueron acusados penalmente por los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada contra del estado.
Diecisiete acusados fueron absueltos de todos los cargos; Sin embargo, el 18 de julio, Walter Aduviri fue condenado a siete años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 2 millones de soles (más de 600,000 dólares). Su abogado, Martín Ticona, se dirigió a la gente después de la lectura de la sentencia en Puno, indicando irregularidades en el proceso judicial, por lo que apelaría la sentencia de Aduviri. El fiscal, Juan Monzón Mamani, también manifestó su intención de apelar la decisión por razones que aún no están claras.
Aymaras tildados de delincuentes por su resistencia contra la minería
Inicialmente fueron 100 Aymaras los que enfrentaron procesos criminales después de las protestas del “Aymarazo” en el departamento de Puno. No obstante, las investigaciones en contra de 82 personas fueron levantadas, dejando 18 para ser juzgados. Todos habían sido acusados por entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. Posteriormente, el 28 de junio, las acusaciones en contra de ocho líderes – incluyendo a Francisca Sarmiento, la única mujer acusada – fueron retiradas por falta de pruebas. De los diez que finalmente enfrentarn el proceso final, solamente Walter Aduviri fue encontrado culpable por el cargo de disturbios.
“El gobierno ha dicho que para la protesta social, hay que enjuiciar a los dirigentes. Entonces ¿cuál es nuestra respuesta? organizarnos entre los Aymaras y todo el pueblo en general”, explica un hombre Aymara en un video producido por la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, Puno.
Los acusados han pagado un alto precio durante los últimos seis años que duró el proceso, no sólo en términos de tiempo y dinero gastado para asistir a numerosas audiencias, sino que también han tenido que hacer frente al trauma psicológico de la criminalización y la fuerte amenaza de 28 años de prisión. La lucha de la población Aymara en general también se ha enfrentado a una narrativa pública dominante que estigmatiza al pueblo Aymara, etiquetándolos de presuntos “criminales” o “anti-desarrollo”, según organizaciones locales y activistas.
La movilización del “Aymarazo” en 2011
Los rumores sobre la mina comenzaron a circular ya el año 2004. Las comunidades comenzaron a preocuparse de inmediato por el proyecto minero debido a su ubicación en una zona muy vulnerable. Las operaciones mineras son inherentemente intensivas en el uso del agua. En ese sentido, Santa Ana no sólo podría haber utilizado los recursos acuíferos escasos en la región, sino que también podía contaminar el agua de la zona, afectando a la agricultura, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria para cientos de personas.
“Vamos a decir claro que la mina Santa Ana quería operar en la zona donde existen ríos”, dijo una mujer en una reciente manifestación registrada por DHUMA. “El rio Callacami recorre la zona y podría contaminarse hasta llegar al pueblo de Desaguadero, donde está el lago Titicaca… se podría contaminar toda la zona acuática afectando a toda la región, incluso a Bolivia”.
Si bien las comunidades habían tenido conocimiento del proyecto minero mediante rumores el 2004, no fue hasta los años 2007 que la noticia se oficializó, cuando el gobierno autorizó las operaciones de la mina Santa Ana. Fue entonces que las comunidades comenzaron a realizar una serie de peticiones públicas, denuncias administrativas y procedimientos dirigidos al gobierno local, regional, y a las autoridades ambientales. Después de que sus inquietudes no fueran atendidas, comenzaron a organizarse y manifestarse en sus comunidades y pueblos a lo largo de las orillas del Lago Titicaca, cerca de la frontera con Bolivia, pero también en la ciudad de Puno, donde la resistencia y el Aymarazo llegaron a su máxima expresión entre marzo y junio de 2011.
Las protestas culminaron después de varios días de movilización masiva en mayo, desarrollada en Puno, en donde participaron más 15.000 personas de origen Amara provenientes de todo el sur del Perú. Las protestas paralizaron partes de la ciudad durante varios días. Las comunidades exigían no sólo la cancelación del proyecto minero Santa Ana, sino de todas las concesiones mineras existentes en la región, además de una moratoria sobre futuras concesiones – afirma Rodrigo Lauracio, abogado de DHUMA, en una extensa entrevista con los autores. El territorio indígena en la provincia de Puno ha experimentado un aumento masivo en los permisos para proyectos extractivos en las últimas dos décadas, algo que se refleja también en las tendencias nacionales, afirma Lauracio.
“El Aymarazo fue una protesta social no solamente de las comunidades que se ubicaban en el distrito de Huacallani (donde se encuentra el proyecto minero), que eran los afectados directos, sino de muchas comunidades que eran afectadas indirectas”, dice Lauracio. “El estudio de impacto ambiental contemplaba que tres comunidades eran las afectadas, pero en realidad eran muchas más (las que iban a ser afectadas)”.
La presentación pública del estudio de impacto ambiental de Bear Creek Mining Corp. en febrero de 2011, un documento mal traducido al Aymara y presentado en un auditorio muy pequeño en donde no cabía la gente, sólo profundizó los temores de la población, según Lauracio.
“Debemos mencionar que este proyecto minero se asienta en territorio de comunidades indígenas campesinas Aymara”, afirma. “Muchas de estas observaciones no fueron absueltas por la empresa minera en ese momento, y como consecuencia, se produjeron muchas dudas en las personas, lo cual causó que muchas comunidades se opusieran al proyecto minero”.
Consecuencias de las movilizaciones
Las protestas del Aymarazo torcieron la mano del gobierno, que finalmente derogó el controvertido Decreto 083 que autorizaba a Bear Creek operar el proyecto minero, posponiéndolo indefinidamente.
Los procesos penales represivos posteriores a la movilización, son sólo una de las consecuencias de las movilizaciones. La derogación del decreto que autorizaba la operación del proyecto minero Santa Ana, también dio paso a otra demanda de carácter internacional. El año 2014 la empresa presentó una demanda de 1,200 millones de dólares en contra del Perú en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones – CIADI, del Banco Mundial. Bear Creek sostiene que el Perú violó los términos del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú al no permitirle operar la mina. Las audiencias, que están en curso, se desarrollan en un tribunal cerrado, en un proceso altamente antidemocrático.
Bear Creek afirma que las protestas del Aymarazo fueron motivadas políticamente. Sin embargo, DHUMA y otras organizaciones de apoyo afirman que las comunidades rechazaron el proyecto para proteger sus fuentes de agua, y porque ni Bear Creek ni el estado peruano siguieron los procedimientos legales exigidos por ley. La empresa intentó acercarse a las comunidades con estrategias de manipulación, y tanto el Estado como la corporación, llevaron adelante sus planes con una completa falta de transparencia, haciendo caso omiso del derecho nacional e internacional sobre la consulta libre, previa e informada, afirma Rofrigo Lauracio.
Políticas represivas y múltiples abusos de poder
El Perú ha experimentado un aumento de los Acuerdos de Libre Comercio y una flexibilización de la protección ambiental en los últimos años. Estas políticas tienen como objetivo facilitar la entrada de empresas transnacionales y la inversión internacional en Perú, en rubros como la minería y otras actividades extractivas que han aumentado en todo el país.
También ha habido un aumento en las “políticas normativas que modifican nuestro sistema jurídico para viabilizar proyectos mineros y para tipificar nuevos delitos en contra de las personas que participan en protestas sociales”, afirma Lauracio. La oleada de políticas neoliberales y represivas en el Perú no sólo le dan una mano a la industria extractiva en general, sino que también crean nuevos mecanismos legales para criminalizar la resistencia al extractivismo. Estos mecanismos están diseñados para inhibir nuevas protestas como el Aymarazo y ayudar a allanar el camino para futuros proyectos extractivos.
La policía hace guardia fuera del juzgado. Foto: DHUMA
Las tácticas represivas plasmadas en los procesos penales, van de la mano con otras formas de criminalización impulsadas desde el Estado. Algunas de ellas también estuvieron presentes durante el Aymarazo. Por ejemplo, las campañas de difamación en contra de las protestas sociales, y tildar a los que organizan y participan de estas protestas como “criminales violentos” o “anti – desarrollo”. El Estado también intervino en el Aymarazo mediante un mecanismo que generó más violencia: la declaración de un estado de emergencia, que permitió mayor represión y violencia por parte de las fuerzas armadas y la policía, provocando traumas, lesiones y muerte.
Estas dinámicas no sólo se desarrollan en Puno, sino en todo el Perú, en donde actualmente existen al menos 39 conflictos mineros, registrados por el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. En la misma semana en la que se dio lectura a la sentencia por el caso Aymarazo, tres líderes sociales de la provincia de Espinar, en el departamento de Cuzco, también enfrentaron la etapa final de un juicio por cargos relacionados con protestas que exigían el cumplimiento de las regulaciones ambientales y sanitarias por parte del estado y la compañía minera, en este caso la corporación Glencore Xstrata. Las acusaciones criminales están relacionadas con las protestas alrededor de la minería en 2012, en las cuales 3 personas fueron asesinadas por la policía peruana durante un estado de emergencia. En este caso los tres dirigentes han sido absueltos, después de pasar cinco años de procedimientos criminales injustos.
Otro ejemplo de políticas que criminalizan la protesta, corresponde a la modificación de las leyes en Perú en 2014, que exime de responsabilidad penal a los agentes de policía y militares que, “en cumplimiento del deber”, provoquen lesiones o muertes. Además la policía también está autorizada a contratar con empresas para proporcionar servicios de seguridad privada.
Bear Creek, por un lado, aún tiene registrado el proyecto Santa Ana en su sitio web (sin duda con la esperanza de que su precio de las acciones no caiga, como lo hizo después de las protestas de 2011). En el contexto de la demanda internacional, el estado peruano podría verse obligado a pagar 1,200 millones de dólares a Bear Creek y/o podría volver a emitir un permiso para operar Santa Ana. Por otro lado, el estado peruano busca encarcelar a Walter Aduviri y criminalizar la resistencia antiminera, en un intento de silenciar futuras protestas. Sin mencionar que las multas que exigen son exorbitantes, más de 2 millones de dólares en la demanda inicial en contra de los 18 dirigentes, que se convirtieron en 600.000 dólares para Aduviri contemplados en la sentencia en su contra. Para poner esa cantidad en contexto, el salario mínimo mensual en Perú es alrededor de 270 dólares – es decir que Aduviri necesitaría 185 años de salarios mínimos para pagar la multa.
Dinámicas políticas detrás de la sentencia condenatoria a Aduviri
Walter Aduviri ha afirmado en múltiples ocasiones que el juicio está motivado políticamente y que su persona es objeto de persecución política. Esto debido a su postulación para la presidencia del gobierno regional del departamento de Puno en 2014, en una plataforma que muchos tildaron de polémica, acusado por aquellos que intentan desacreditar las demandas de las protestas 2011, de usar el movimiento como plataforma de liderazgo para ganar votos.
Walter Aduviri en campaña, 2014. Fuente: YouTube
Si bien al final fue absuelto del cargo de extorsión agravada y perturbación del transporte público, Aduviri es acusado de ser el cabecilla, no sólo de la protesta, sino de los actos de destrucción de la propiedad estatal que ocurrieron durante el Aymarazo en 2011: su sentencia condenatoria por el cargo de disturbios, dice que él es autor mediato de esos hechos. En ese sentido, su participación en el liderazgo de un movimiento, su política y el amplio apoyo que recibe en Puno, parecen estar incluidos en el esta sentencia condenatoria.
En las afueras del juzgado en Puno, el 6 de julio, día en el que se dio a conocer la sentencia provisional, cientos de aymaras se movilizaron en apoyo de Aduviri. La gente gritaba: “¡Si no hay solución, Quechuazo y Aymarazo! El 7 de Julio Aduviri ya había declarado su inocencia en una conferencia de prensa. El 18 de julio, el día de la sentencia final, se dirigió a las multitudes en Puno en un efusivo discurso, interrumpido por gritos de consignas que denunciaban a los fiscales y jueces de haberse parcializado. Aduviri no está en la cárcel porque la sentencia no puede ser ejecutada mientras su apelación esté en curso.
Con la sentencia en el caso del CIADI, programada preliminarmente para septiembre de este año, sumada a la dura condena a Walter Aduviri, vemos que se produce una confluencia entre la política del estado de criminalizar las protestas en contra la minería y los impactos tóxicos de las herramientas del poder corporativo, como los Tratados De Libre Comercio, que se activan cuando las protestas hacen que se detenga un proyecto minero rechazado por la población, que busca proteger su agua y sus derechos de la destrucción que provocan estos proyectos extractivos.
