Comunidad amenazada por una presa lanza un llamado a la ONU y a las organizaciones internacionales

por abril 21, 2017
 

 An English version of this article is available here Comunidad Cultural de Kiad, Panamá - Miembros del grupo indígena Ngäbe-Buglé conocido como Movimiento 10 de Abril (M10), hicieron el miércoles un llamado a la comunidad internacional, pidiendo una intervención para impedir que sus comunidades sean inundadas por la represa hidroeléctrica Barro Blanco.

Citaron una declaración de impacto ambiental que no reconoció la presencia de las tres comunidades que serían inundadas por el proyecto, así como irregularidades en un acuerdo que el presidente panameño Juan Carlos Varela firmó con la ahora destituida cacica Silvia Carrera el pasado agosto. Señalaron que el acuerdo fue ilegal, ya que se hizo sin la aprobación del Congreso General Ngäbe-Buglé y fue rechazado por el congreso en septiembre. El grupo indígena denunció la inundación llamándola ilegal, calificandola como una violación de derechos humanos y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Representantes gubernamentales se reunieron con miembros del grupo en la Comunidad Cultural de Kiad el 27 de marzo, en una serie de reuniones "para consensuar opciones en lo que respecta a espacios y puntos de veneración cultural de comunidades impactadas por el proyecto y el seguimiento y monitoreo de estudios de calidad del agua,” según una respuesta institucional del gobierno. Varios días más tarde, el agua comenzó a subir en el embalse y ha seguido aumentando hasta el momento de la publicación de este comunicado, informaron miembros de la comunidad. A partir de este momento, no han recibido comunicación alguna del gobierno con respecto al aumento de los niveles de agua o con la fecha de una reunión futura.

Comunicado a la Nación del Movimiento 10 de abril sobre la hidroeléctrica Barro Blanco

La comunidad afectada por el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, ponemos en conocimiento público los siguientes hechos de violación de los derechos humanos por el PHBB:

1- Como es de conocimiento público desde el inicio del proyecto Barro Blanco, en el estudio de impacto ambiental se negó la existencia de la comunidad originaria que por siglos había vivido en la confluencia de río Tabasará, y ese lugar fue concesionado a la hidroeléctrica Barro Blanco lo que ha creado un conflicto social, económico, cultural, espiritual, y ambiental a la comunidad.

2- El gobierno y la Corte Suprema de Justicia han vulnerado los preceptos constitucionales y jurídicos de nuestros derechos con la ejecución de la hidroeléctrica de Barro Blanco.

3- Rechazamos con firmeza la ratificación del acuerdo Varela – Carrera por el congreso inoperante presidido por Demecio Case, celebrado entre los días 6 al 9 de abril del 2017 en la comunidad norteña en la región ñökribo, en dicho acuerdo no hemos sido parte, ni tampoco nos han consultado sobre el contenido del acuerdo, además dicho acuerdo no fue aceptado por la población del Llano Tugrí el 22 de agosto de 2016 y rechazado en Cerro Algodón el 15 de septiembre del 2016 por el pleno del Congreso General donde concurrieron 148 delegados.

4- El máximo organismo de expresión y decisión, el Congreso General, tiene 255 delegados electos, con pleno derecho de decisión y en el mismo se hace quórum con la mitad más uno, por tanto la decisión en norteño es ilegal, ya que solo asistieron 61 delegados, además del señor Demecio Case que fue destituido del cargo el pasado 7 de marzo del 2017,en Llano Tugrí, en el congreso ordinario.

5- Solicitamos al presidente de la República que sea un poco más respetuoso con nuestros derechos, ya que todo acto llevado a cabo para la ejecución de dicho proyecto ha sido hecho violando nuestra seguridad jurídica, y no solo ha vulnerado la norma de la República, sino que también ha vulnerado el convenio y la declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios.

6- Hacemos un llamado a la población panameña a la unidad para proteger el derecho de todos ante la imposición del gobierno quien hace uso del poder económico, político y se entromete en la decisión del pleno del congreso a través de la destitución de Silvia Carrera y Demecio Case.

7- Hacemos un llamado urgente a la organización solidaria nacional e internacional y a las Naciones Unidas para que intervengan para proteger nuestros derechos como pueblos más vulnerables a una merecida justicia en la República de Panamá.

Gäejet Miranda
Presidente del movimiento M10
Comarca Ngäbé Büglé
Comunidad Cultural de Kiad, 16 de abril de 2017