Asesinado periodista nicaragüense fue una semilla de la Moskitia
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Asesinado periodista nicaragüense fue una semilla de la Moskitia

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El periodista Ángel Gahona, a quien se le privó la vida el 21 de abril en Bluefields, en la Costa Caribe sur de la Moskitia nicaragüense, es hoy un ícono de interpelación política, social y constitucional para el movimiento estudiantil de Nicaragua. Su imagen es explotada políticamente en las giras internacionales que protagoniza un grupo de universitarios, representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales cuidadosamente seleccionados por sectores reacios al régimen Ortega-Murillo.

Su fotografía estampada en afiches con frases alusivas al rechazo a la violación de los derechos humanos en Nicaragua y, sobre todo, la demanda de justicia para decenas de muertos perpetrada por las fuerzas del régimen recorre la sede de la OEA en Washington D.C, Estados Unidos, así como diferentes instituciones internacionales para exigir, por cuenta, la democratización del país o lo que eso pueda significar para algunos sectores políticos, sociales, religiosos y económicos que han estado presentes en la, hasta ahora infructuosa, mesa del diálogo nacional conformada y mediada por la conferencia episcopal de Nicaragua.

La interpelación política es clara: la inmediata salida del régimen y la celebración de elecciones transparentes y supervisadas internacionalmente. Además de esto, la disolución de la concentración de los poderes del Estado que desde hace más de 10 años han estado bajo control del régimen.

Hasta el momento el uso del retrato de Gahona es erigido como estandarte para exigir importantes transformaciones políticas del Estado que permitan el respeto a las garantías constitucionales en el marco de un Estado de derecho. Su fotografía es un símbolo de la resistencia civil nicaragüense contra las violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüense aunque no se pronuncien, al mismo son, a favor de los derechos humanos de los incriminados en su muerte.

Los supuestos autores materiales de la muerte de Ángel Gahona han sufrido una abominable condena mediática por parte de medios de comunicación oficialistas donde los acusan con calificativos penales de “asesinos” o, en el mejor de los casos de “homicidas”, sin que la Fiscalía ni las organizaciones de derechos humanos se pronuncien para salvaguardar sus derechos constitucionales a, por ejemplo, no ser estigmatizados como autores materiales hasta no establecer su culpabilidad mediante sentencia judicial firme, tal como está contemplado en el principio de presunción de inocencia en el artículo 2 del código procesal penal y que se encuentra en el artículo 31 inciso 1 de la Constitución Política de Nicaragua.

Quizá la enérgica acusación institucional contra Brandon Lovo y Glen Abraham, dos afrodescendientes oriundos de barrios tradicionales de Bluefields cercanos al barrio de Ángel Gahona, sea precisamente por la representación simbólica de la profesión que figuraba el occiso y no porque dicha acusación esté alimentada por una suerte de prejuicios raciales de parte de la institución policial y judicial de Bluefields. No lo sabemos. Lo cierto es que el movimiento universitario no se ha pronunciado, por ejemplo, contra un problema que en la Moskitia nicaragüense no solo atañe a la situación de injusticia contra dos sujetos racializados en la espiral de violencia política que sacude al país, sino contra un problema puramente estructural que configura todas las condiciones de opresión, discriminación, injusticia, marginación y exclusión en el marco de las políticas públicas castradas en esta región y, por ende, en la sistemática violación de los derechos humanos/colectivos de sus pueblos originarios y comunidades interculturales.

Los abusivos e injustos alegatos en contra de Brandon y Glen han sido divulgados sin reparo por medios oficialistas dañando la imagen de dos jóvenes que por el hecho de no tener las condiciones raciales, medios formativos ni recursos socioeconómicos para defenderse, han sido víctimas propiciatorias en el entramado del conflicto de los grupos de poder hegemónico del centro político nacional.

A sabiendas de que sus derechos a ser señalados únicamente como “presuntos autores” tal como lo establece la constitución política y el código procesal penal de Nicaragua en un proceso administrativo y judicialmente correcto, los organismos de derechos humanos a nivel nacional solamente se han pronunciado a favor de los nacionales detenidos en el pacífico de Nicaragua, pero, no han dicho nada en defensa de dos detenidos costeños racializados del Caribe dentro de la espiral de detenciones a nivel nacional.

Sin embargo, la figura de un periodista de la Costa resuena en las interpelaciones políticas del movimiento universitario a favor de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y manifestación.

El derecho a no ser señalados sin antes demostrar su culpabilidad también es un derecho constitucional que es, al parecer, ignorado por los mismos defensores de las libertades públicas y de la justicia social que hoy recurren a una figura costeña de la Moskitia nicaragüense porque encarna el ejercicio de ciertos derechos como la libertad de expresión pero, irónicamente, omiten la situación de injusticia de dos condenados afrodescendientes que no tienen una profesión políticamente protagónica como la de su coterráneo Gahona y que, desafortunadamente, no representan ninguna agencia sociopolítica que sirva de insumo al movimiento estudiantil y que, al contrario, constituyen, por cuenta, un problema intersectado e inoportuno para la lucha política que la sociedad civil organizada del pacífico de Nicaragua demanda.

Es decir, al ignorar esta injusticia, simbólicamente los derechos de los pueblos de la Moskitia deben esperar. Es la estructural espera de los pueblos de la Moskitia.

Este problema del que hablo recae en el campo de los derechos interculturales y autonómicos de los pueblos de la Moskitia. El tema de la descentralización administrativa regional para abordar una serie de políticas públicas acorde con las realidades socioculturales de la región caribeña sur, norte y zona especial de la Moskitia es un asunto estructural que el emergente movimiento civil nacional – que al parecer pretende refundar el Estado de Nicaragua – deben, si es el caso, reconsiderar dentro de sus consignas si desean realmente reafirmar un genuino interés integral por los derechos de las diferentes ciudadanías interculturales de toda Nicaragua.

Nuestra lucha regional por la autonomía dentro de la administración política nacional, la descentralización administrativa dentro del régimen administrativo nacional, el saneamiento territorial dentro de la soberanía nacional y la refundación de nuestras propias formas de organización social y política en el marco de la reforma a la Ley electoral deben ser unas consignas que algunos representantes de la Moskitia nicaragüense deben interpelar no solo desde las propias trincheras sinérgicas y articuladoras dentro de este movimiento civil nacional, sino también dentro de las bases orgánicas endógenas a nivel regional para no desdibujar la razón prístina y estructurante de nuestra lucha regional por la autodeterminación.

En la CRENAM-PCM hemos insistido en la importancia de una militancia orgánica que reafirme nuestra politicidad regional articulándonos, antes que lo nacional, con nuestras propias organizaciones comunitarias, políticas, sociales y de derechos humanos para visibilizar nuestros problemas estructurales frente al resto del país como, por ejemplo, la subalternidad política de nuestros propios procesos frente a las luchas a nivel nacional.

– El caso de las madres Mískitas con hijos asesinados por colonos sin derechos a una agencia como las Madres de abril.
– El caso de las decenas de muertos indígenas perpetrada por colonos sin derechos a una comisión de la verdad y la justicia como la comisión oficial por los muertos de la primavera de abril.
– El caso de Brandon y Glen desprovistos de sus derechos fundamentales en un proceso parcializado y engendrado por las condiciones coloniales que anida en las instituciones de un Estado racista, son auténticas esgrimas regionales no solo para alcanzar la justicia, sino también para ejercer mecanismos de facto, orgánicos y políticos que desmonten todo el andamiaje estructural en el que se asienta la normalización de la colonialidad.

Estas esgrimas en legítima defensa de nuestros derechos no deben ser desdibujados ni diluidos en la nomenclatura de la lucha nacionalista azul y blanco de Nicaragua. Al contrario, deben ser una apuesta para la reafirmación regionalista frente a los pretendidos designios nacionalistas que han engendrado en 123 años relaciones coloniales asimétricas y excluyentes de nuestras legítimas demandas autonómicas, colectivas e interculturales en pro de la salvación nacional.

El 12 de junio Brandon y Glen serán juzgados dentro del sistema nacional de justicia que no contempla el derecho intercultural ni reconoce, tampoco, las sutiles condiciones interseccionales de los condenados que, en caso de hacerlo, servirían como aliciente para procurar no solo sus derechos, sino además la apertura de un apremiante debate entorno a la constitución de una justicia intercultural descentralizada para nuestros pueblos.

Esta lucha civil-nacional también se germinó con una semilla de la región Moskitia. No reconocerlo sería no solo injusto, sino también contradictorio para una resistencia civil que por cuenta apuesta a una verdadera democracia donde incluyen, según escuchamos, a los pueblos indígenas de la Costa.

Ángel Gahona agradecerá el reconocimiento de los derechos de su región natal. Por algo asumió el riesgo. Que su riesgo valga la pena.

Artículo relacionado: El solapado racismo del sistema nacional de seguridad. El caso de Brandon y Glen.